Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), presentó un escrito ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, solicitando tenga a consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a Lucía Ruiz y otros por defender tierras campesinas y de comunidades del Chaco Salteño del desmonte llevado a cabo por un grupo empresario.

Desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros/as defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta. Las y los ambientalistas y campesinas/os alertaron que un grupo de empresarios realiza desmontes y picadas en ese territorio.

“Es imperioso mencionar que desde el 22 de abril se encuentra vigente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró el abogado Ezequiel Álvarez.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de carácter vinculante destinado a promover y mejorar los derechos de todas las personas a acceder a la información ambiental, a la participación pública en las decisiones que los afectan, y a garantizar el acceso a la justicia ambiental, contiene además cláusulas especiales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en la defensa de la naturaleza.

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La lucha por la defensa de la tierra que Lucía y la comunidad impulsan se enmarca también en la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley 26.331, que establece que los territorios que este grupo de empresarios pretenden apropiarse y desmontar, según su relato y denuncia, pertenecen a la categoría 2 o amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta. “Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado”, aporta Álvarez.

En el escrito presentado por Ezequiel Álvarez, se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”. La referente campesina recibió el apoyo también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos y ambientales.

Fallo del Tribunal de Tartagal

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia manifiesto su rechazo y preocupación a la resolución que acaba de tomar el tribunal de Tartagal en la causa que juzga a Lucia Ruiz y otros referentes campesinos, rechazando los amicus curiae presentados por numerosas personalidades y organizaciones de gran trayectoria en la lucha por la vigencia de los derechos humanos.

"Estamos convencidos que en un Estado de Derecho, y desde el poder judicial, se deben no sólo respetar, sino también promover todas aquellas herramientas que contribuyan al conocimiento, vigencia y efectivización de los derechos humanos, en especial de aquellos más vulnerabilizados y perseguidos. El rechazo de los amicus curiae en el marco de la causa mencionada significa un claro retroceso en el marco del derecho a la defensa en causas ambientales y de derechos humanos. Para terminar entendemos, como dice nuestro Papa Francisco, que asumir el desafío de "cuidar la casa común", nuestro planeta, se ve amenazado por este tipo acciones, procesos y resoluciones que criminalizan a los sectores que protegen el medio ambiente, y niegan participación a las organizaciones que trabajan y conocen el territorio con una gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos", manifestaron desde la DNPFAJ.