Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país. Los CAJ son oficinas destinadas a orientar, asesorar y ayudar a personas con dificultades para acceder a sus derechos.

En este período se inauguraron 19 nuevas oficinas, constituyendo un total de 109 CAJ en todo el territorio nacional, que permitieron mayor cercanía para la resolución de problemas a los vecinos y vecinas. Además, se relocalizaron 12 oficinas con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar así una mejor y más eficaz atención.

Entre 2020 y 2023 se identificó un crecimiento del 118% en la cantidad de consultas recepcionadas por los CAJ y los puntos de atención itinerantes. Los principales temas de consulta fueron: el acceso a la documentación personal y certificaciones –como DNI o partida de nacimiento-; lo referido a planes o programas sociales y prestaciones de la seguridad social –como el acceso a la jubilación o una pensión específica-; y en tercer lugar, las relaciones de familia, principalmente conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria.

Específicamente por conflictos en torno al incumplimiento de la cuota alimentaria se han contabilizado 18.150 consultas solo en el período de enero/julio de 2023, demostrando cómo la efectiva intervención del Estado frente a esta problemática social se refleja en los niveles de consulta y pedidos de orientación.

Además de brindar orientación y asesoramiento, los CAJ promovieron el patrocinio de 3561 personas, otorgando representación legal gratuita ante los poderes judiciales junto a colegios de abogados y universidades de todo el país. A su vez, se llevaron adelante 20.511 mediaciones comunitarias, logrando soluciones en forma participativa y democrática a problemáticas de baja intensidad y evitando llegar a instancias judiciales.

Dentro de las propuestas de esta política pública, se destacan los 139 puntos de atención descentralizados (itinerancias) en barrios y localidades específicas, donde semanalmente atiende un equipo interdisciplinario, extendiendo aún más la federalidad de este programa.

Se complementó la presencia de los CAJ con 5611 operativos, es decir, acciones territoriales organizadas en conjunto con otros organismos públicos, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la Línea 137 de atención de violencia sexual y familiar, que funciona las 24 hs. los 365 días del año desde 2006, amplió su cobertura durante esta gestión, e incorporó desde octubre de 2022 la posibilidad de asesoramiento legal ante situaciones como desalojos, incumplimiento de la cuota alimentaria y violencia institucional, entre otras problemáticas. En los último cuatro años, se contabilizaron más de 64 mil acompañamientos a víctimas de violencia sexual/familiar, incluyendo aquellos en que se movilizaron equipos móviles para intervenir ante emergencias, y más de 9.400 de acceso a la justicia.

Gabriela Carpineti, abogada a cargo de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia desde Febrero de 2020 resaltó los logros y desafíos pendientes de la gestión a su cargo: “Estos años marcados por la pandemia y la crisis económica que afectó a miles de familias y trabajadores en todo el país sostuvimos una acción permanente desde los CAJ para estar cerca de la gente en la resolución de sus problemas legales y sociales. Logramos consolidar la atención de las oficinas abiertas en todo el país y ser un canal eficaz para que la ciudadanía acuda de forma pública y gratuita a abogados, trabajadores sociales y psicólogos”.

“Frente al debate de si la Argentina necesita ‘achicar o agrandar su Estado’, estamos convencidos de que lo importante es que las políticas públicas que garantizan derechos sean inteligentes, transparentes y accesibles, y que los servidores públicos estén profesionalizados para la tarea que desarrollan”, concluyó Carpineti.