En esta nueva etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a Justicia (DNPFAJ) se propuso fortalecer las buenas prácticas obtenidas el trimestre anterior y expandir sus herramientas para alcanzar a la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad.

Los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) relanzaron sus servicios para que las personas puedan acceder a sus derechos fundamentales. Es por eso que en el trimestre comprendido entre el 1ro de junio y el 31 de agosto de 2020 los CAJ recibieron un total de 26509 consultas por los distintos medios de atención, virtuales y presenciales. El 57,5% se registraron en operativos presenciales mientras que las consultas por medios virtuales crecieron un 106% respecto al trimestre anterior, pasando de 5474 a 11260.

Los principales temas de consulta por medios digitales y telefónicamente fueron: Cuota alimentaria, responsabilidad parental, cuidado compartido; solicitudes previsionales (AUH, jubilaciones, etc.); Ingreso Familiar de Emergencia, Cuestiones de vivienda/desalojo y Violencia de género.

Las oficinas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pusieron a disposición dos líneas telefónicas exclusivas para recibir reclamos y responder consultas sobre servicios de agua y energía eléctrica. Solo en la Provincia de Buenos Aires (PBA) se registraron 460 casos testigo de problemas en el servicio eléctrico y 50 respecto al agua.

Al mismo tiempo, presentamos la Central de Atención para Barrios Populares (RM 299/2020) que en una primera etapa estará destinada a residentes en el AMBA y es producto del trabajo conjunto con la Pastoral Villera (0800 222 3425, de lunes a viernes de 10 a 18hs).

“La utilización de medios digitales ha sido un elemento indispensable para dar respuestas rápidas y expeditas en el contexto de ASPO. Sin embargo, las personas más vulnerabilizadas por las condiciones sociales y económicas en la mayoría de los casos se ven impedidas de utilizar herramientas digitales y la única forma de garantizar sus derechos es ir a encontrarlas al lugar donde están. La presencialidad es la naturaleza de esta política pública”, afirmó la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti.

Durante este periodo, los CAJ también lograron que 189 personas varadas por el ASPO (la mayoría trabajadores/as temporales) pudiesen volver a sus lugares de origen. A su vez trabajaron acompañando casos de violencia de género y violencia institucional.

Compromiso federal con el acceso a la justicia

En todo el país se realizaron 248 operativos presenciales en los cuales se recibieron 15183 consultas. Algunos se realizaron en conjunto con la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación de la cual depende el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Los operativos se realizaron principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero también estuvimos presentes en Santiago del Estero, Salta, Tucumán y en Misiones. Además se llevaron a cabo itinerancias en la Provincia de Buenos Aires, Misiones, Salta y en Chaco.

“El despliegue de itinerancias y operativos, buscando llegar a las zonas y localidades que más requieren de la presencia física del Estado, da cuenta de una Dirección que tiene como principal misión y destinatarios a los ciudadanos y ciudadanas que estructuralmente padecen la privación de derechos humanos fundamentales”, destacó Carpineti.

En los meses que siguen del año, la Dirección de Acceso a la Justicia, trabajará en la reapertura de los Centros de Acceso a Justicia en todo el país, en la medida en que la situación sanitaria lo posibilite, continuará la capacitación de sus trabajadores/as y creará nuevas estrategias de accesibilidad a derechos.