A pesar de la enorme cantidad de prueba que obra en este expediente, y en las demás actuaciones que conforman la maniobra completa, señalando a CFK como la presunta jefa de la asociación ilícita y beneficiaria real de los bienes y fondos de Báez, el juez se resiste a llamar a la ex presidente a ejercer su defensa en declaración indagatoria.

En sus presentaciones, ambos organismos sostuvimos que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que Cristina Fernández –y su difunto esposo Néstor Kirchner- resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el re-ingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas “Hotesur y Los Sauces”

Los querellantes (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) entendimos que es necesaria la intervención de la Cámara Federal dada la intransigente postura del juez de no receptar la pretensión de los acusadores de convocar a la imputada a prestar declaración indagatoria, a pesar de haber alcanzado la investigación el estado de sospecha necesario para ordenar dicho acto.

El presidente de la UIF, Mariano Federici, sostuvo: “que esta reiterada resistencia del juez ocasiona demoras similares a las que ya se vieron en esta investigación cuando su accionar debía involucrar a Lázaro Báez”

Por su parte, Laura Alonso ¬-titular de la OA- afirmó que “vamos a agotar todas las instancias legales a fin de que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea citada a indagatoria por el juez Casanello. Creemos que el dinero lavado por Báez proviene del direccionamiento intencionado de las decenas de millones de las obras públicas”.