El 11 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Oficina Anticorrupción, la primera reunión de trabajo del Observatorio de Políticas de Integridad (OPI) en el marco del eje “Políticas de integridad y transparencia en el sector público” de este espacio de participación interinstitucional.

Al presentar el documento propuesto por la Oficina, la directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Carina Larocca, destacó el objetivo de construir colaborativamente “lineamientos para el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los programas de integridad de los distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, y la necesidad de que estos atiendan a los riesgos y características específicos de cada uno de ellos, manteniendo una unidad de criterio que los inserte en una verdadera Estrategia Nacional de Integridad”.

Sobre las características de la Guía, Larocca detalló que “allí se establecen, por una parte, pautas para la elaboración de los programas y, por la otra, estándares mínimos sobre su contenido. Ello con el objeto de asegurar su eficacia y adecuación a las mejores prácticas de integridad y buen gobierno”. Asimismo, agregó que el documento considera un tercer aspecto, la medición a través de indicadores del cumplimiento y del impacto. Esto último permitirá dar cuenta de en qué medida el programa implementado sirvió para mejorar la calidad institucional del organismo, sus procesos y, si fuera el caso, para evitar la comisión de irregularidades.

Luego de las palabras de la directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Franco Schiappacasse, analista de la Dirección de Integridad y Anticorrupción del Directorio de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), invitado por la Oficina Anticorrupción a este encuentro, expuso sobre la metodología y utilidad de los Indicadores de Integridad Pública (IIP) desarrollados por dicho organismo internacional, señalando que representan “la cristalización de un esfuerzo que ha venido haciendo la OCDE por fijar una serie de estándares internacionales en materia de integridad pública en las últimas décadas”. Asimismo, destacó el esfuerzo contínuo que hace la Argentina por acercarse a los lineamientos internacionales en la materia.

A continuación se inició un espacio de intercambio en el que los integrantes del OPI compartieron sus impresiones sobre el documento y realizaron valiosos aportes al respecto, remarcando la necesidad de que el proceso de elaboración de los programas parta del análisis de situación del organismo donde será aplicado. Asimismo señalaron la necesidad de definir herramientas que faciliten su seguimiento y evaluación. Por su parte, coincidieron en la pertinencia de proyectar esta política a nivel federal, a fin de que provincias y municipios cuenten con instrumentos que puedan aplicar en sus respectivas jurisdicciones.

Finalmente, se acordó la realización de una próxima reunión a fin de recibir los últimos aportes, luego de lo cual se consolidará un texto que recoja los consensos construidos en el marco del Observatorio.

Participaron de la reunión, representantes de la Fundación Poder Ciudadano, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), de Directorio Legislativo, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Departamento de Derecho Administrativo y del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asimismo, participó como invitada el área Políticas y de Programas de la Embajada Británica.