Por primera vez a los 62 años, Juan Carlos Oyola accedió al derecho personalísimo de la identidad que le permitió, entre otras cosas, vacunarse contra el Covid-19.

A lo largo de su vida, Juan Carlos se enfrentó con muchos obstáculos: perdió diferentes oportunidades laborales por no contar con su DNI, no pudo reconocer a ninguno de sus 14 hijos (quienes llevan el apellido de la madre) y para recibir atención médica su esposa debía acompañarlo. Cansado de este tipo de impedimentos, comenzó a buscar datos que le permitieran averiguar más sobre su identidad.

Si bien su madre había fallecido treinta años atrás y su padre había abandonado la familia, Juan Carlos conocía que había nacido en la Maternidad Provincial de San Vicente bajo el apellido de su madre, un 11 de mayo, aunque sin certezas del año de nacimiento. También sabía que había concurrido a la escuela de Villa Esquiú –donde hizo solo primer y segundo grado– por inquietud de una vecina que lo llevó al establecimiento. Juan Carlos nunca supo leer y lo único que aprendió a escribir es su nombre, para firmar. Ni en el hospital ni en la escuela encontró registros que permitieran comprobar su identidad.

Fue recién en el 2020, durante un operativo del Centro de Acceso a la Justicia en el barrio Müller, cuando la pareja de Juan Carlos compartió con el equipo la búsqueda de años de su compañero. Inmediatamente, el equipo del CAJ intervino en la investigación: declararon familiares y amigos de Juan Carlos y una jueza convocó a un médico forense para determinar la edad aproximada. Después de un año y medio, finalmente se firmó la resolución que ordenó la emisión del acta de nacimiento y la inscripción de Juan Carlos Oyola como ciudadano argentino, nacido en Córdoba el 11 de mayo de 1960.

“El caso de Juan Carlos, es motivo de festejo, pero también de reflexión, porque el Estado llegó 62 años tarde. Todos los trayectos estatales –aulas, hospitales, áreas sociales, entre otras– se deben una autocrítica y un aprendizaje para otras personas como Juan. Es un deber colaborar y derivar de forma asistida y seria para buscar que el derecho a la identidad sea efectivo”, remarcó Sergio Carullo, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia del barrio de Maldonado, en Córdoba.

El acceso al DNI sin duda constituye el principio de muchos otros derechos como el acceso a la salud, a una vivienda, a seguridad social, entre otros tantos. Cabe destacar que con la sanción de la Ley 27.611 y el nuevo procedimiento para la inscripción tardía de personas nacidas en Argentina que nunca tuvieron documento, se facilita sustancialmente el acceso al derecho personalísimo de la identidad, que se refleja concretamente en el caso de Juan Carlos.

Durante la entrega del documento, acompañado por el equipo del CAJ, Juan Carlos reveló: “Gracias a Acceso a la Justicia hoy puedo acceder a un trabajo en blanco, tener una pensión, inscribir a mis hijos con mi apellido y hasta casarme”.