La ciudad de Andalgalá se encuentra en el centro de la provincia de Catamarca y allí se llevan a cabo, desde 2009, estudios y tareas de exploración de megaminería a cielo abierto.

El pasado 2 de junio se presentaron en Andalgalá Marcela Mon, coordinadora regional del Corredor Norandino y Aldo Sebastian Vergara Duveaux, abogado del Centro de Acceso a la Justicia de Belén, a raíz de las denuncias por persecución, hostigamiento y criminalización que realizaron asambleístas y organizaciones de la sociedad civil, quienes vienen realizando protestas por considerar que el emprendimiento implica un serio riesgo para la subsistencia de la población, dado que las exploraciones se encuentran muy próximas a las nacientes de los ríos que proveen de agua a la población.

La empresa que ejecuta las tareas de megaminería es MARA (Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina y Minera Alumbrera Limited), fusión de las empresas transnacionales Yamana Gold Inc., Glencore International AG y Newmont Corporation.

Mon y Vergara Duveaux establecieron un diálogo con Enzo Brizuela, quien se encontraba detenido y llevaba adelante una huelga de hambre, motivo por el cual debió ser hospitalizado y más tarde liberado. Los intercambios siguieron con asambleístas, vecinas y vecinos que se oponen al proyecto. A su vez mantuvieron reuniones con el fiscal interviniente en la causa, Martín Camps, su secretario Alejandro Scidá; la secretaria penal del juzgado de control de garantías María José Vallejos y el comisario Juan Ariel Romero, Jefe de la Comisaría Departamental Andalgalá, donde se registró el estado de las celdas y demás instalaciones de los detenidos.

Durante las conversaciones se subrayó la necesidad de fortalecer las instancias de diálogo y participación que garanticen el acceso a la información a la ciudadanía y el abordaje de la conflictividad que despierta el proyecto a través de mecanismos que eviten la criminalización de las defensoras y defensores ambientales, el respeto al derecho a la protesta y se garantice el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de todas las personas, en especial, de quienes se manifiestan pacíficamente en contra al proyecto.

El derecho a la información ambiental está amparado por el Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.