Este miércoles se realizó la charla “Cuota alimentaria: un derecho fundamental y urgente. Propuestas legislativas para garantizar su acceso efectivo” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre la asistencia presencial y quienes siguieron la actividad vía streaming, participaron más de 150 personas, entre agentes estatales, estudiantes, académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. La actividad contó con la presentación de Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, y Verónica Baracat, oficial a cargo de la oficina de ONU Mujeres en Argentina.

Carpineti, autora de tres proyectos de ley sobre la temática presentados en el Congreso de la Nación en el mes de junio, se refirió a la importancia de llevar adelante la actividad en un ámbito como la Universidad: “Que este problema se empiece a meter en las universidades desde la más temprana formación de los que van a ser los operadores en el sistema judicial administrativo y el sistema formal de justicia del derecho, nos parece fundamental”. Además, consideró el aspecto cultural y el rol del Estado, que mediante distintas herramientas comenzó a desarrollar estrategias para abordar el incumplimiento de la obligación alimentaria: “Cuando el Estado logra dimensionar el problema como un problema de orden público, como un problema comunitario, como un problema transversal, empiezan a aparecer instrumentos para intervenir”.

La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, por último, cuestionó el “distanciamiento de los operadores judiciales, en particular de jueces y juezas con el problema”: “En general cuesta dimensionar la necesidad del otro cuando uno goza de privilegios tan distantes al de esa persona que está meses, tal vez años, esperando una sentencia por una cuota alimentaria”.

Baracat, por su parte, saludó la iniciativa y realizó un breve repaso estadístico del impacto de la pobreza en las mujeres y particularmente en los hogares monomarentales, que afectan directamente los contextos de las infancias. A su vez, expuso cómo se distribuyen los tiempos y tipos de trabajo, y el creciente endeudamiento monetario en contextos de vulnerabilidad: “Cuando hablamos de cuidado no solamente hablamos del tiempo que ocupamos las mujeres en los trabajos de cuidado, sino también lo que se llama gestión monetaria de los cuidados; esto incluye realizar los pagos de los gastos domésticos, y conseguir el dinero para estos cuidados. Básicamente, las mujeres pagamos todos los gastos de una casa”, indicó.

Con un Salón Verde repleto, las panelistas Sabrina Cartabia, asesora en la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires; Sol Prieto, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género; Marisa Herrera, Doctora en Derecho y Especialista en Derecho de Familia; y Nelly Minyersky –ovacionada fuertemente a sus 94 años, debido a su compromiso constante e ininterrumpido en la lucha por los derechos de las mujeres-, desplegaron sus ponencias vinculadas al acceso a la cuota alimentaria, sus aristas legales, económicas y puntos problemáticos.

Sabrina Cartabia, autora del Informe 2022 “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires”, que fue clave para conocer la dimensión de la problemática y fundamentalmente para pensar políticas públicas adecuadas al contexto real, expresó que la extensión sistemática del problema en todo el territorio expresa una deficiente respuesta institucional y, por lo tanto, una “discriminación sistémica de acceso a la justicia de un grupo vulnerable”. En relación al quehacer estatal y su responsabilidad, la abogada destacó que “desde los Ministerios tenemos la obligación, no solo de visibilizar que existen estas desigualdades, sino de hacer propuestas concretas”.

Por su parte, Sol Prieto, quien impulsó el Índice de Crianza junto al INDEC desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, sostuvo que “la desigualdad de género organiza nuestro sistema económico”. A su vez, explicó el funcionamiento y la metodología utilizada para la creación del Índice -que contempla tanto bienes y servicios como el tiempo de cuidado- y detalló las estadísticas que demuestran la enorme afectación en la crianza de las infancias por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. “El Índice no resuelve todos los problemas de distribución del ingreso, pero resuelve un problema muy importante y atiende por primera vez a un sector desde el Ministerio de Economía, como corresponde, porque la deuda alimentaria es un problema económico además de un problema de cada familia”, aseguró.

La titular de la cátedra “Derecho de Familia y Sucesiones” de la Facultad de Derecho de la UBA e investigadora del CONICET, Marisa Herrera, reflexionó sobre los avances en la discusión y la importancia de la incorporación del Índice en los fallos judiciales, además de reivindicar una mirada interseccional: “Es violencia económica, de género, y además es violencia contra niñas, niños y adolescentes. No es niños versus madres: es niños y madres, es derechos de mujeres y derechos de infancias”. Luego, realizó un recorrido sobre los fallos judiciales que utilizaron este Índice en todo el país desde su publicación en el mes de julio, examinando particularidades de cada situación.

Herrera destacó en ese sentido la importancia de considerar el “valor del territorio”, es decir, cuánto cuesta criar en las distintas provincias y localidades. Para el cierre, la catedrática expresó: “Seguir debatiendo estos temas con una mirada profunda, comprometida y realista de lo que implican las desigualdades de género en plural, me parece que no solo es un compromiso, sino una responsabilidad; si realmente pensamos en una sociedad más justa y más igualitaria”.

Para el cierre, Minyersky, profesora consulta de la Facultad de Derecho (UBA) y abogada litigante, aportó en su alocución una interesante reflexión sobre cómo desde los feminismos se ha dejado de lado -en el marco de los enormes avances conseguidos en materia de derechos de las mujeres- la perspectiva de los niños y niñas como sujetos de derechos; y que la sociedad ha naturalizado la obligación alimentaria como una “contienda entre adultos”. A su vez, hizo hincapié en la mirada patriarcal que aún atraviesa el sistema judicial y la sociedad en general: “Todavía la situación del juicio de alimentos tiene una connotación, mal que nos pese, de que las mujeres somos capaces en la letra de la ley -capacidad jurídica- pero en la vida no se nos considera capaces y no se nos cree” y aseguró: “Esto es un tema fundamental. No es un micromachismo, afecta a millones de mujeres, entonces es violación de derechos humanos de mujeres, niños y niñas”.

La abogada, pionera en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, cerró con un llamamiento a defender lo conquistado: “Estamos en un momento muy complejo y podemos perder muchos derechos. Nosotras hemos aprendido que los DDHH no se retroceden, pero eso es teoría. Pensemos que todo esto- que son pasos adelante- nos cuestan, porque miren lo que hemos tardado en cambiar la mirada sobre el derecho alimentario, en humanizarlo. Pensemos bien y difundamos todo porque la democracia está en riesgo y todos estos derechos por lo que hemos peleado también”.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (Ministerio de Economía de la Nación), el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho (UBA) y ONU Mujeres Argentina.