Luego de los Pactos de Mayo de 1902, el pensamiento común de las dirigencias política y militar argentinas de las primeras décadas del siglo XX, entendió que la estabilidad del Cono Sur dependía de un poder militar preponderante y no de acuerdos internacionales. Estos últimos aparecían muy endebles como garantía de los intereses nacionales.

Así, la Argentina retornó a la carrera armamentista interrumpida en 1902. La Ley Nº 4.586 sancionada en 1905 posibilitó las adquisiciones navales destinadas a la conservación de la escuadra y a la vigilancia y defensa de los ríos interiores, y la Ley de Armamentos Nº 6.283 de 1908 habilitó otra para la defensa permanente de la zona exterior del Río de la Plata y de Bahía Blanca.

Respecto de la Armada, la ley implicó la construcción de dos acorazados en astilleros norteamericanos: “Moreno” y “Rivadavia”, y de doce destructores en astilleros europeos, cuya efectiva incorporación fue abortada por el gobierno de Francia y Alemania por necesitar el material naval para su empleo en la Primera Guerra Mundial. Los efectos de la conflagración bélica no se limitaron a la falta de entrega de las adquisiciones por Europa, puesto que los beligerantes perfeccionaron los diversos sistemas navales en pos de la superioridad sobre el enemigo.

Entre los países del ABC: Argentina, Brasil y Chile, ambas situaciones generaron una pérdida relativa del valor militar de las unidades de las respectivas Armadas, incluso las recientemente incorporadas como los acorazados tipo Dreadnought.

Hacia 1919, la mayoría del material naval argentino era obsoleto en relación a su antigüedad y a la exitosa participación de las armas submarinas y aéreas en la contienda europea. Asimismo, resultaba insuficiente para responder a la hipótesis de conflicto de un ataque combinado de las flotas brasileña y chilena.

Hacia una Armada ofensivo-defensiva

Los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) reforzaron el retorno a la carrera armamentista y dieron forma a un nuevo pensamiento entre autoridades políticas y militares argentinas en pos de una Armada de carácter ofensivo-defensiva, en el entendimiento que Argentina era un país donde la vía marítima era indispensable para garantizar el patrimonio nacional, considerando la dependencia externa de las materias primas necesarias para su defensa: acero (armamento), celulosa (pólvoras y explosivos), y combustible.

Ese pensamiento sintonizaba con el propio de la mayoría de las dirigencias mundiales, incluidas las de países vecinos. La guerra había demostrado la relevancia del componente aéreo y del arma submarina en la estrategia. En consecuencia, para la Argentina una preparación para la guerra naval que fuera suficiente requería renovar y actualizar la flota para volverla ofensiva incorporando ambos componentes, fortificar el Puerto Militar como base de operaciones principal, y defender las estaciones de comunicación.

Para entonces, no cabía duda acerca de las funciones tácticas y estratégicas que podía desempeñar la aviación y, dado su eficacia en la guerra marítima, se ponía de manifiesto la necesidad improrrogable de su creación en la Armada Argentina.

En 1919, mediante la División de Aviación Naval, dio inicio la etapa orgánica del componente aéreo en la Armada. Con la aprobación del proyecto de Organización del Servicio Aeronáutico Naval, en 1921 se consolidó la etapa de creación de la Aviación Naval en la Marina de Guerra argentina; resultado concreto –no sin dificultades– de varios años de investigaciones sobre adelantos técnicos y perfeccionamiento del personal en escuelas y fábricas de aviación en Europa.

El submarino había sido diseñado y proyectado como una embarcación de combate utilizada en combinación con las torpederas para defender las costas y puntos neurálgicos de las líneas de comunicaciones marítimas. Su éxito en la Primera Guerra Mundial, obligó a pensar en su incorporación a la flota naval argentina.

En 1918 fue presentado por el presidente Hipólito Yrigoyen y su ministro Álvarez de Toledo, un proyecto de ley que incluyó la compra de veinte submarinos, pero no prosperó. Será hasta 1926 que se autorice su adquisición por la Ley de Armamentos Nº 11.378.

Regiones Navales

La estrategia ofensivo-defensiva también requirió una modificación en la organización del territorio. En 1922, se estableció la reorganización del territorio en regiones navales, donde las bases navales principales, en posiciones centrales, fueron consideradas como elementos fundamentales en las defensas costaneras.

Luego, en 1923 dio inicio el programa de mejoramiento de los medios navales de la Marina de Guerra, cuya primera medida se ocupó de la reparación y cambio de calderas de los acorazados “Moreno” y “Rivadavia” y de los cuatro exploradores tipo Catamarca, para posibilitar el uso de petróleo como combustible, en reemplazo del carbón. La segunda medida –en orden de aparición, pero no menos importante– se plasmó en la ley Nº 11.347 de Renovación de Material Naval, sancionada en 1926.

Desde el 3 de febrero de 1922 la Marina de Guerra organizó la defensa del territorio nacional en tres regiones y una comandancia, y cuatro apostaderos y estaciones de aprovisionamiento en los puertos preexistentes. Hacia 1922, esta organización territorial resultó una proyección, concretada medianamente hacia 1940.

Durante los primeros años, los elementos, instalaciones y personal de la Marina posibilitaron el regular funcionamiento de dos regiones navales.

La existencia del Arsenal del Puerto Militar fue el precedente de la Base Naval Puerto Belgrano, haciendo posible el asiento de la Primera Región Naval.

Asimismo, se iniciaron los estudios y trabajos para levantar un apostadero en Mar del Plata que constituyera la estación de torpedos y submarinos de esta región naval. Hacia 1927 comenzó a instalarse la Base Naval Mar del Plata destinada a apostadero de los submarinos "Tarantinos" que arribaron en 1933.

El Arsenal del Río de la Plata fue el precedente de la Base Naval de Río Santiago e hizo posible el funcionamiento de la Tercera Región Naval.

En cuanto a la Segunda Región Naval, se efectuaron exploraciones para elegir la ubicación de un apostadero en Puerto Deseado y tuvieron que efectuarse exploraciones para elegir la ubicación geográfica y estratégica donde se levantaría la futura base. Es oportuno señalar que, finalmente, sólo se efectuaron mejoras en el puerto, mientras que el Apostadero Naval recién fue instalado en 1988.

La Comandancia Naval fue instalada en el puerto y apostadero de Ushuaia hasta tanto se efectuaran los estudios pertinentes para ubicarlo en otro punto geoestratégico.