Participaron de la videoconferencia Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, secretario de Justicia, Diana Wassner de Malamud, Adriana Reisfeld (integrantes de Memoria Activa), Rodrigo Borda (abogado de Memoria Activa) y Paula Litvachky (directora Ejecutiva del CELS y patrocinadora de Memoria Activa en la causa internacional).

Todos los participantes coincidieron en que, en los últimos años, el accionar de la Procuración General y de la Unidad Fiscal AMIA dependiente del Ministerio Público Fiscal obstaculizó sistemáticamente el avance de la investigación del atentado terrorista.

Durante el encuentro, Soria informó a los familiares sobre el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio desde su asunción y las acciones previstas para los próximos meses. Soria destacó la jerarquización de la Unidad Especial AMIA dependiente de la cartera que conduce y compartió la necesidad de conformar un equipo de trabajo que motorice la búsqueda de la verdad.

Dentro del plan de trabajo que elaboró el Ministro para el funcionamiento de la Unidad, se encuentra la realización de las obras necesarias para readecuar las instalaciones del Palacio Barolo, sede de los archivos bajo custodia del Ministerio Público Fiscal. Estas refacciones, largamente demoradas, pese a los reiterados reclamos de los familiares, comenzaron a ejecutarse en el último mes.

En ese sentido, Soria señaló: “La Unidad Especial que depende de este Ministerio tiene que volver a recuperar un rol protagónico en esta causa. El esclarecimiento del atentado es una deuda pendiente del Estado argentino con toda la sociedad”.
En el mismo sentido, las representantes de Memoria Activa recordaron su lucha de 27 años por la verdad y la justicia, reiterando su reclamo por el nulo avance de la causa en los últimos años.

La Unidad Especial dependiente del Ministerio fue creada con el objetivo de esclarecer el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. En el 2006, y luego del histórico reconocimiento de responsabilidad del Presidente Néstor Kirchner, se ampliaron las funciones de la Unidad para que también impulse las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Macri, la Unidad, luego de serias y gravísimas denuncias por su rol a favor de los encubridores, fue degradada en 2018 mediante un decreto presidencial que eliminó el cargo de su titular, quedando desde entonces desconcentradas sus funciones entre distintas dependencias del Ministerio. Esa desarticulación paralizó su labor e impidió continuar con el objetivo central de esclarecer los hechos investigados en uno de los atentados más trágicos de la historia de nuestro país.

Por esto mismo, en junio, el ministro Soria dictó una resolución para que la Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA pase a funcionar bajo dependencia directa del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. De este modo, se busca reactivar la unidad que tiene dentro de sus objetivos promover la búsqueda de información sobre el atentado, el análisis de los archivos desclasificados y asistir a los requerimientos judiciales y a los de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) creada en el año 2004 por la Procuración General de la Nación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, la Unidad recuperará su rol activo en las causas judiciales, en virtud de los decretos vigentes. Entre sus primeras acciones, se presentará en las actuaciones para revertir las cuestionables posiciones sostenidas durante la gestión de Macri y Garavano en favor de los acusados por el encubrimiento del atentado.