Las Mesas Territoriales sobre el Abordaje del Abuso Sexual contra las Infancias y el Embarazo Forzado permitieron optimizar la capacidad de respuesta para garantizar derechos. Este año, se realizaron 15 encuentros regionales y provinciales, con la participación de cerca de 800 personas, entre decisores, equipos técnicos y distintos actores del Sistema de Protección de Derechos.

Se trata de una política impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de la Dirección Nacional de Sistemas de Protección, en articulación con el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual (PatrocinAR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y UNICEF Argentina.

La primera etapa se desarrolló en 2021 con las provincias que implementan el Plan Enia: Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Durante este año se realizó la segunda etapa, en la que se organizaron cuatro mesas regionales y once mesas con las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro y Santa Cruz. De esta manera, se alcanzó a todo el país, con la participación de 791 personas, entre decisores, equipos técnicos y especialistas de todo el país en materia de justicia, salud, género y educación.

Estos espacios fueron una instancia de encuentro y diálogo que tuvieron el objetivo de construir miradas y propuestas comunes para el abordaje de situaciones de abuso sexual contra las infancias.

A partir de la articulación entre organismos, se logró la modificación de protocolos de actuación para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes en casos de afectación a su integridad sexual. Además, se avanzó en la implementación de campañas de prevención en el marco de la Educación Sexual Integral, así como en la creación de programas provinciales de interrupción voluntaria del embarazo con difusión de líneas telefónicas de denuncias y criterios de intervención orientados a evitar la revictimización de las chicas o los chicos.

En las mesas también se identificaron aspectos comunes a fortalecer, como promover y facilitar un abordaje adecuado en todas las localidades de las provincias, profundizar la detección temprana y el abordaje de situaciones de abuso y embarazo forzado y continuar la capacitación para actores del sistema de protección de derechos de infancias y adolescencias.

La conformación de estos espacios puso en valor la necesidad de instancias de diálogo y trabajo articulado para optimizar el abordaje de los casos, prevenir vulneraciones y garantizar la restitución de los derechos.

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra las infancias y adolescencias. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Todos los organismos públicos y privados que integran el sistema deben trabajar de manera corresponsable en la prevención, la detección temprana, la denuncia y el acceso a la Justicia para garantizar la protección de derechos de las infancias, adolescencias y sus familias.