El secretario de Justicia celebró la organización de esta reunión en la provincia de Salta, “lo que hace honor a la composición federal del Consejo”.

Y destacó que a partir del trabajo articulado entre el Estado nacional y las provincias se logró “hacer efectiva la primera restitución a la víctima de una causa de trata de personas en Santiago del Estero. Y esto fue posible gracias a la enorme colaboración de todos los organismos que acá intervienen, especialmente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y a la PROTEX".

Participaron de las jornadas, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto, y la coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti.

También estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta, Ricardo Villada; la secretaria de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, Itatí Carrique; y el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini. Por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Equidad intervinieron la subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, y la coordinadora de Apoyo y Seguimiento de las Políticas contra la Trata y Explotación de Personas, Pilar Fiuza.

El ministro Villada celebró la dimensión que tiene el Plan Bianual elaborado por el Consejo Federal. Y expresó que el delito de trata “castiga a todo el país pero, particularmente, a las provincias que tienen características especiales y Salta es una de ellas”. El funcionario destacó la convicción de trabajar de manera federal para bregar por los derechos y abordar la problemática de manera articulada entre las provincias y organismos competentes.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas constituye un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la Ley 26.364, sancionada en 2008.

Es un espacio de articulación con representación de todos los poderes del Estado nacional, provincial, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y organismos especializados en el delito de la trata.

Primera reparación económica a una víctima

A lo largo de la primera jornada, representantes de los distintos grupos de trabajo expusieron los avances de cada comisión permanente: protección y asistencia de las víctimas, persecución y sanción a las responsables del delito, supervisión de la unidad de bienes embargados y sujetos a decomiso, e informe anual.

En el cierre del Consejo Federal contra la Trata de Personas se firmó el documento final con la principal novedad de la primera reparación económica para una víctima. Es que se hizo efectivo el primer pago a través de fondo de Asistencia a Víctimas de Trata, tal como lo anunció Mena en la reunión de todos los consejeros de cada una de las provincias presentes en esta 16° reunión.

La primera beneficiada es una mujer oriunda de Misiones, y víctima de trata en Santiago del Estero, cuya indemnización ascendió a más de un millón de pesos.

La reparación económica actualizada se obtuvo a partir del decomiso del inmueble que estaba en propiedad de las tres personas condenadas.

El Fondo de Asistencia permite avanzar en la reparación de derechos ya que resarcirá material y económicamente a las personas víctimas de trata. Este tipo de reparación ayudará a superar la situación de vulnerabilidad a través de la generación de posibilidades reales de progreso y estabilidad social, evitando la revictimización.

Cómo es el Fondo de Asistencia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), puso en funcionamiento en octubre de 2021 el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración.

Es un instrumento cuyo objetivo es administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. El fin: que sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas.

La puesta en marcha de la Ley 27.508 que creó este fondo propone una gestión transparente del caudal producto de estos crímenes.

Para ello se conformó una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que custodia la gestión de los recursos embargados en el marco de los procesos penales de trata y explotación de personas.