El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó este jueves la decisión del Gobierno nacional de haber dictado una normativa cuya aplicación simplificó de manera significativa la realización de trámites y gestiones para que las organizaciones sociales de la economía popular puedan acceder a mecanismos más rápidos en materia de otorgamiento de beneficios y rendición de cuentas. En ese sentido, remarcó la necesidad de “seguir trabajando con el objetivo de que la administración del Estado no termine retrasando la aplicación de una decisión política”.

En el Salón Sur de la Casa de Gobierno, Rossi encabezó un encuentro en el que se analizó la implementación de la Decisión Administrativa 862/2022, que dispuso que las jurisdicciones y entidades del sector público que tengan a su cargo la ejecución de programas sociales deben requerir a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), o al Registro Público provincial u organismo local competente, según corresponda, la información sobre la constitución y el funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas.

También participaron, entre otros, el síndico general de la Nación, Carlos Montero; el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro; el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, y el director mundial de Scholas Occurrentes, Enrique Palmeyro.

En la apertura de la reunión, Montero relató que “algunos movimientos sociales nos vinieron a ver para contarnos las dificultades que tienen a veces de presentar papeles” y afirmó que “la solución siempre es colectiva”. También indicó que este avance permite “simplificar la tarea para resolver lo más rápido posible”.

A su turno, Navarro agradeció a los organismos que avanzaron en la implementación de la normativa, a los movimientos sociales que impulsaron este cambio y aseguró que “esta avanzada del Estado habla bien de quienes organizan, pelean y reclaman y también de los que escuchan esos pedidos”.

Jonahtan Thea, jefe de Gabinete del INAES, destacó que “se diseñe una política pública a partir de las necesidades de los ciudadanos”. Y contó que “desde el INAES, con una decisión administrativa de 2021 avanzamos en que se simplifiquen los trámites para llevar adelante una cooperativa. Por eso cuando nos invitaron a sumarnos lo hicimos con gusto”.

En tanto, Palmeyro indicó que “corresponde agradecer a los movimientos sociales porque identificaron este problema, se unieron y plantearon la búsqueda de soluciones. Agradecer también a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). También al INAES y a la IGJ que se sumaron a la solución. y al jefe de Gabinete de Ministros, porque respondió al pedido de la SIGEN”.

El encuentro también contó con la presencia del jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Facundo Olivera; los síndicos generales adjuntos de la Nación, Máximo Borzi de Lucía e Irma Miranda; el director de Entidades Civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría; el coordinador general de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), Santiago Olivera, entre otros funcionarios nacionales y representantes de organizaciones sociales.