Rosario: citaron a indagatoria a ex funcionarios judiciales por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura
El exsecretario Horacio Claverie y los ex fiscales federales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez están acusados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. La medida había sido solicitada hace más de un año y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó días atrás un pedido para que se resolviera de manera urgente.
El juzgado federal 4 de Rosario citó a tres ex funcionarios judiciales para que presten declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La medida alcanza al ex secretario del juzgado federal 2 Horacio Claverie y a los ex fiscales federales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, quienes están acusados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios.
En la causa se investiga también la responsabilidad del exjuez Guillermo Tchoop, quien estuvo a cargo del juzgado federal 2 de Rosario y es hasta el momento el único procesado como partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios en 62 hechos.
El pedido de indagatoria había sido realizado por la querella de H.I.J.O.S. en febrero de 2021 y luego fue también solicitado por la fiscalía y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante en la causa. Días atrás, más de un año después del pedido, la Secretaría presentó un pronto despacho para que se resolviera de manera urgente.
Las querellas habían solicitado además que tanto Tchoop como el resto de los imputados sean indagados por el delito de asociación ilícita, pero no fue aceptado por el juzgado.
La causa se inició con una denuncia realizada por la agrupación H.I.J.O.S. Rosario en 2018, a partir de los numerosos testimonios de sobrevivientes que declararon en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la provincia.
Las víctimas relataron que habían sido interrogadas en el juzgado federal meses después de sus secuestros, cuando fueron “legalizadas”; y que en ese momento denunciaron haber sufrido detenciones ilegales y torturas. Sin embargo, esos hechos no se investigaron. Se logró constatar además el rechazo sistemático a los pedidos de habeas corpus presentados por familiares que buscaban saber su paradero.
El avance sin demoras de estas causas, en particular las que involucran la responsabilidad de actores económicos o civiles, es una de las prioridades que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas no pueden esperar. Los juicios tampoco.
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