Durante el encuentro, el Ministro y la Presidenta de la CIDH destacaron el trabajo de la República Argentina en el seno del organismo de derechos humanos y subrayaron la tradición de respeto por las decisiones adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de nuestro país.

Uno de los ejes que articuló la reunión fue el repaso de la situación de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad ocurridas durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983. En este punto, Mantilla Falcón reivindicó el proceso de Memoria, Verdad y Justicia llevado adelante para juzgar y condenar a los culpables de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, y expresó su preocupación por “la demora en los tiempos de la justicia en resolver causas de lesa humanidad que aún hoy siguen abiertas, ya que esto abre la puerta a la impunidad biológica para muchos responsables que esperan ser juzgados”.

Soria, en tanto, agradeció la preocupación expresada e informó acerca de la implementación por parte del Gobierno nacional, del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Otro de los puntos que generó coincidencias entre los participantes del encuentro, fue el de la importancia de adecuar y fortalecer las legislaciones nacionales en los casos concretos donde los cuerpos legales de los países americanos no alcanzan a garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de la región.

En esa línea, la titular de la CIDH y Soria analizaron el caso “Fornerón e Hija vs Argentina”, causa por la cual Argentina fue condenada en 2012 por no garantizar las garantías judiciales y la protección a la familia en un caso de adopción, por lo que ordenó la tipificación dentro del Código Penal del delito de compra y venta de niños, niñas y adolescentes.

“En 2012 la República Argentina fue condenada por la Corte Interamericana debido a la falta de garantías judiciales y protección a la familia de Leonardo Fornerón, generada por la demora de más de 10 años por parte de la Justicia argentina para resolver el caso y hacer justicia. En la condena, el organismo judicial ordenó realizar una serie de reparaciones integrales al señor Fornerón, dentro de las que incluyó la tipificación del delito de compra y venta de niños, niñas y adolescentes, tal como exigen los tratados internacionales de DDHH”, explicó el Ministro.

En el marco de la reparación de este caso, la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado constituyeron a mediados de abril de 2021 una mesa de trabajo para elaborar un anteproyecto de ley que diera cumplimiento a esa obligación, iniciativa parlamentaria que está próxima a ser presentado para su evaluación al presidente Alberto Fernández.

Mantilla Falcón, en tanto, valoró positivamente los avances logrados en nuestro país en el abordaje y prevención de femicidios, y expresó la posibilidad de instrumentar una serie de capacitaciones en el seno del Poder Judicial. Y propuso articular las capacidades técnicas de la CIDH y el ministerio de Justicia en pos de generar instrumentos que permitan abordar más eficazmente las inequidades y los estereotipos de género que abundan en la justicia y que suelen "afectar la imparcialidad" de los funcionarios.

Soria puso a disposición el trabajo del Ministerio para “capacitar a funcionarios, magistrados y para generar herramientas que permitan liberar de estereotipos y garantizar el acceso a la justicia”; como también la experiencia obtenida gracias al trabajo del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios implementado por el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad; y la política federal de monitoreo y prevención de agresores sexuales que alcanza a todas las provincias del país y se implementa desde la cartera nacional de Justicia.

Del encuentro participaron Tania Reneaum Panszi (secretaria Ejecutiva CIDH); Marisol Blanchard (actual secretaria ejecutiva adjunta de Peticiones y Casos); Jorge Meza Flores (próximo secretario ejecutivo de Peticiones y Casos); Arely Varela, Sofía Novillo y Vanessa Anfitti; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Gimena del Río y la subsecretaria de Protección y Enlace Institucional en Derechos Humanos, Andrea Pochak.