Un convenio para facilitar líneas de crédito para internos egresados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) formados profesionalmente durante su tiempo en prisión, firmaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, y el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga.

Los beneficios estarán dirigidos a la adquisición de maquinarias, herramientas e insumos de trabajo, con un límite de cincuenta mil pesos y a cinco años de plazo.

Garavano explicó que el acuerdo busca facilitar el acceso a los créditos de personas que de otra manera no calificarían para el financiamiento.

El funcionario subrayó además que “estas acciones de reinserción son fundamentales para la seguridad ciudadana” y aseguró que por eso “el Estado ofrece instrumentos, para que una vez en libertad las personas que cometieron delitos puedan desarrollar actividades lícitas y reintegrarse en la comunidad”.

Según el convenio, firmado con la presencia del secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el vicepresidente segundo del Banco Nación, Agustín Pesce; el Ministerio de Justicia identificará y preseleccionará a los candidatos en las distintas unidades del país, en tanto que la entidad financiera brindará información y asesoría.

El acuerdo se enmarca en las políticas de reinserción social que impulsa la cartera de Justicia, y establece como beneficiarios a los egresados que durante su tiempo en prisión hayan realizado cursos de formación profesional.

Entre los requisitos para el otorgamiento del beneficio se estableció la presentación de certificados de estudio o títulos otorgados a través de los programas desarrollados en los complejos penitenciarios y que quedará a criterio de la institución crediticia acceder o no a dichas solicitudes.

Las capacitaciones y talleres profesionales que lleva adelante el SPF forman parte de la batería de políticas que promueve el Ejecutivo en materia de integración comunitaria, con el objetivo de disminuir la tasa de reincidencia. Los internos pueden comenzar, retomar y finalizar estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, el 92% de los detenidos en los complejos penitenciarios federales participan de algún programa de estudio.