Funcionarias y funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la Nación participaron de una capacitación en el marco de la implementación de la Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la capacitación fue llevada adelante por la socióloga, historiadora, feminista e investigadora del Conicet, Dora Barrancos. La secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, fue la moderadora de la actividad.

En el encuentro, que se realizó de modo virtual, estuvieron presentes el ministro Daniel Arroyo; la secretaria de Articulación de Política Social, Erika Roffler; la secretaria de Gestión Administrativa, Cecilia Lavot; y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

“La Ley Micaela y la educación sexual infantil son dos normas que implican dos políticas estatales específicas que nos van a llevar en el mediano plazo a transformaciones sustantivas”, señaló Elizabeth Gómez Alcorta. Luego recordó que “hubo una decisión estratégica del Presidente de modificar la lógica en la que se venía implementando la Ley Micaela. Él entendió que las máximas autoridades debían ser las primeras que tomaran estos cursos y que él debía dar el ejemplo. Y eso generó un impacto y una gran demanda por parte de todas las áreas del Estado”.

Barrancos, por su parte, destacó que “la Ley Micaela devino como una fuerza notable que tiene al propio Estado para alcanzar uno de los objetivos más importantes que tiene la sociedad contemporánea que es comprometerse con la igualdad y defenestrar las formas patriarcales”.

El ministro Arroyo remarcó: “Tomamos el compromiso de que este no sea solo un encuentro para funcionarias y funcionarios, sino que también lo extenderemos a todos los trabajadores para aplicar esta formación a nuestras prácticas diarias”.

La Ley Micaela n27.499 establece que todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional deben recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. La formación en estas temáticas se establece como una obligación y responsabilidad de los agentes de la administración pública nacional y a la vez ofrece una oportunidad de aportar a la transformación cultural en pos de una sociedad justa e igualitaria.

Los objetivos de esta capacitación son prevenir la violencia de género; identificar los roles y estereotipos de género que inciden en las prácticas personales, profesionales e institucionales; brindar el asesoramiento adecuado en información a las mujeres en situación de violencia hacia las mujeres; y conocer los recursos básicos para orientar a las mujeres en situación de violencia.