Fueron condenados a prisión perpetua Eduardo Sakamoto y Héctor Alberto Raffo, oficiales de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo, y Juan Carlos Jöcker y Juan Manuel Giraud, oficial y suboficial de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá. Los jueces Matías Mancini y Esteban Rodríguez Eggers y la jueza María Morgese Martín los consideraron coautores de los delitos de homicidios y privación ilegal de la libertad de los que fueron víctimas 15 personas.

Los expolicías bonaerenses Juan José Ruiz y Julio Alejandro Pérez, quienes eran suboficiales en la Comisaría 1° de Moreno, recibieron penas de 20 y 19 años de prisión como partícipes secundarios de homicidios y secuestros.

Carlos Alberto Guardiola, quien fue suboficial de la Compañía de Ingenieros de Pablo Podestá, resultó absuelto. Para él, la querella de familiares había solicitado una condena a prisión perpetua y la fiscalía había pedido la absolución.

Sobre las condiciones de detención, el Tribunal hizo lugar a un pedido de las partes acusadoras y ordenó que se realicen informes médicos a los condenados para analizar si pueden cumplir la pena en un establecimiento penitenciario. También resolvió extraer testimonios y remitir copias de las audiencias para que se investiguen los delitos cometidos contra niños y niñas que se encontraban en La Pastoril ese día, así como nuevas posibles víctimas que surgieron durante el debate.

Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 29 de marzo de 1976, pocos días después del golpe cívico-militar, cuando el Ejército y fuerzas de seguridad realizaron un gran operativo represivo durante una reunión del Partido Revolucionario de los Trabajadores y organizaciones aliadas en la localidad bonaerense de Moreno. Siete personas fueron asesinadas en la quinta o cuando intentaban escapar y otras ocho fueron secuestradas y llevadas a diferentes centros clandestinos de detención, de las que tres continúan desaparecidas.

Este fue el primer juicio oral sobre los crímenes en La Pastoril. A partir de testimonios de sobrevivientes, ex conscriptos y de documentación de los servicios de inteligencia de la época, se pudo reconstruir el rol de las fuerzas armadas y de seguridad durante el operativo represivo y la planificación previa, a partir de la actuación del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.
Familiares de las víctimas comenzaron a investigar estos hechos y a impulsar la causa tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la posterior reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Las demoras en llegar a un juicio oral, que comenzó a fines de 2021, impidieron que varios de los responsables del operativo represivo pudieran ser juzgados, como el mayor Miguel Ángel Armúa, jefe de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, el excomisario Omar Hernández y el expolicía Julio Salvetti, quienes fallecieron en diferentes etapas del proceso.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó del debate a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que colaboró con el Tribunal en el análisis de las condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos y acompañó a familiares y sobrevivientes durante el juicio.

Para más información sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, podés ingresar a la web juiciosdelesahumanidad.ar.

Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.