El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llamado “Volver la vista atrás para mirar hacia delante: un enfoque de derechos humanos para la protección social en la recuperación económica post COVID-19” destaca a la Argentina como uno de los 21 países que desarrollaron medidas específicas. El IFE, que se implementó desde marzo – menciona el texto – es uno de los 8 programas en el mundo que tienen perspectiva de género, al considerar la situación particular que viven las mujeres trabajadoras del sector informal durante la pandemia.

Cabe destacar que para la confección del escrito, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respondió a la información requerida y adjuntó, asimismo, el documento “Medidas del Estado argentino para la protección de los Derechos Humanos durante la pandemia del Covid-19”, que elaboró la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos.

De Schutter repasó los desafíos que los Estados deben afrontar durante la pandemia para adaptar las políticas de protección social para 2 mil millones de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía informal y representan el 61,2% de la fuerza laboral de todo el mundo.

Por otra parte, insta a que los Estados presten particular atención a ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras informales en especial situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes. Es por ello que, en el caso de Argentina respecto al IFE, pidió revisar los requisitos vinculados con cierta antigüedad en la residencia en el país a quienes no son ciudadanos.

La pandemia es un contexto preocupante – según se desprende de lo informado por el Relator- ya que sostiene que la situación es preocupante en tanto “el mundo se encontraba mal preparado para hacer frente a los impactos socioeconómicos de esta pandemia ya que nunca se recuperó de las medidas de austeridad impuestas a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2011. El legado de estas medidas de austeridad fueron unos sistemas de salud pública mal financiados, un trabajo en el sector de cuidados infravalorado y precario, una disminución generalizada y prolongada de la participación de la renta del trabajo en la renta nacional bruta y altas tasas de desigualdad acompañadas de una disminución media de los tipos legales del impuesto de sociedades. Con los servicios públicos en situación límite, una prestación monetaria de carácter puntual no representa más que una nimiedad para las personas que viven en pobreza, ya vivan en países desarrollados, en vías de desarrollo o en aquellos menos desarrollados”.