Durante el encuentro en Casa Rosada el ministro de Justicia, Martin Soria; la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la Defensora General de la Nación Argentina, Stella Maris Martínez; el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner y el secretario de DDHH del Ministerio de Justicia, Horacio Pietragalla Corti, hicieron entrega al presidente Alberto Fernández del anteproyecto de Ley que busca incluir en el Código Penal la tipificación de la compra-venta de menores, y adecuar la legislación argentina a los compromisos y tratados internacionales.

En el encuentro también participaron la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla Falcón; la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi y el secretario adjunto CIDH, Jorge Meza.

El anteproyecto de ley, elaborado en conjunto por organismos especializados, prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de NNyA e incorpora la adopción irregular de menores al Código Penal. De esta manera, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitadores e intermediarios.

El texto establece, además, la competencia de la justicia federal para estos delitos debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

La incorporación de estas figuras penales al Código Penal permitiría dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fornerón e hija”, dictada el 27 de abril del 2012, en la que la Corte IDH condenó a la Argentina y declaró que nuestro país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección a la familia del señor Fornerón y de su hija.

El proyecto es el resultado del trabajo conjunto realizado en el marco de la mesa de trabajo constituida a mediados de 2021 por la secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y el Observatorio de DDHH del Senado, en la participaron en la elaboración del anteproyecto de Ley Leonardo Fornerón; las comisiones de legislación penal de ambas Cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes; UNICEF; Abuelas de Plaza de Mayo; el Ministerio Público; la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

Para la calificación legal y la cuantificación de la pena, se tuvo especial consideración a las observaciones realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien requirió hacer una correcta demarcación para que la iniciativa no colisione con las conductas previstas por el art. 146 del Código Penal, permitiendo la impunidad o la reducción de la pena de los apropiadores de niños durante la última dictadura militar.

La aprobación del proyecto sumaría a la Argentina a la lista de países que tipifican expresamente la adopción ilegal como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Alemania, Francia, España, Ucrania y Portugal.