En dicho procedimiento, las y los trabajadores de la Delegación Avellaneda de la PFA habían allanado cuatro domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Piñeyro y Bernal (partidos de Avellaneda y Quilmes, respectivamente), debido a una denuncia que, si bien no refería a sustancias químicas controladas, el Juzgado valoró la capacidad y experiencia en trabajos sobre este tipo de componentes químicos de las y los inspectores de este Ministerio.

De hecho, producto de la denuncia que motivó la orden judicial para realizar los operativos policiales, la PFA había hecho un despliegue en la provincia de Buenos Aires vinculado con la venta, a modo de remedio, de la mencionada sustancia bajo el supuesto de su efectividad para el tratamiento médico contra el virus del Covid-19.

Las actuaciones policiales posibilitaron el secuestro de casi 50 kg de clorito de sodio, el cual, según las hipótesis de la investigación, podría ser utilizado para la elaboración de dióxido de cloro. En los allanamientos, además, se incautaron botellas, frascos, sueros y otros elementos de interés para la causa judicial.

El pedido del Poder Judicial para que la Coordinación de Fiscalización de Precursores Químicos que encabeza Diego Nicolás Jimeno y que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, a cargo de Valentina Novick, colabore en la investigación y peritaje, amplía los alcances del trabajo del Ministerio de Seguridad, el cual sigue trabajando en la mejora, rigurosidad y funcionamiento de las áreas científicas de las Fuerzas de Seguridad Federales.