En relación al suceso ocurrido con la aeronave Learjet LJ35A, matrícula LV-BPA, en el aeropuerto de Río Grande, el día 1 de Julio 2022, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) informa:

La JST recibió de manera digitalizada y encriptada la información contenida en el Cockpit Voice Recorder (CVR) de la aeronave LV-BPA. La lectura y análisis del CVR estuvo a cargo de la National Transportation Safety Board (NTSB) de los Estados Unidos que, en su laboratorio, realizó la apertura del dispositivo, procedió al desmonte del registro y la bajada del audio en cuatro canales.

Ahora, el laboratorio de la JST y la Dirección Nacional de Investigación en Sucesos Aeronáuticos (DNISAE) realizarán la transcripción de la grabación, pruebas y análisis de filtrado de los audios, este contenido será analizado por los técnicos con el fin de formar parte de la investigación y será utilizado en la confección del Informe Final del suceso. También, se coordinará con el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, para que acceda a la información para la causa que está llevando adelante.

Cabe destacar que en el suceso del LV-BPA, el equipo CVR recibió gran cantidad de daño por fuego, sumado a que se trata de un registrador antiguo. Por lo que, luego de un primer análisis y ante la imposibilidad de los proveedores locales de intervenir un equipo con este nivel de daño, la JST decidió enviar el equipo a la NTSB.

Además, según dicta el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la JST, como Estado de investigación, debía solicitar al Estado de diseño y fabricación la colaboración para realizar la lectura y análisis del CVR y las Digital Electronic Engine Control (DEEC). En ese sentido, la JST envió a la NTSB el CVR, y al Laboratorio Honeywell las DEEC.

Para cumplir ese cometido, la JST realizó la contratación administrativa pertinente de un despachante de Aduana, a través del Decreto Delegado N° 1023/01 y su decreto reglamentario N° 1030/16. Se dio intervención a la Aduana para que autorice los trámites necesarios para tal fin. Actualmente, la caja negra se encuentra en el laboratorio de la NTSB, que cuenta con las capacidades para realizar la lectura del registrador.

La misión de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones. La JST analiza los accidentes evaluando los factores sistémicos intervinientes para mejorar la seguridad operacional en todos los modos de transporte.

En cuanto al objeto de la investigación, la Ley 27.514 establece que los informes finales de la JST no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente. Son independientes de cualquier otra investigación administrativa o judicial, no afectando ningún interés subjetivo; por lo tanto, no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno.

Asimismo, según la ley que crea el Organismo, el objetivo de las investigaciones que lleva adelante la JST es la prevención de futuros accidentes e incidentes de transporte. Atento a ese fin, no resulta admisible el uso en procesos judiciales las entrevistas obtenidas y los ensayos o pruebas realizados en el marco de una investigación

Por otro lado, el Área de Información a Víctimas de Accidentes y sus Familiares (IVAF) de la JST cuyo objetivo principal es establecer un canal de comunicación entre la JST y las víctimas de accidentes y sus familiares, se encuentra en contacto con los familiares de las cuatro víctimas del suceso desde el día posterior al mismo, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el Procedimiento de Información a Víctimas de Accidentes Mayores del Organismo. Tal como en este lamentable suceso, el área inicia dicho protocolo en cada accidente en los que hay víctimas fatales.

En ese sentido, IVAF se reunió el día 26 de enero con los familiares de las víctimas donde se les explicó y comunicó el proceso administrativo para la exportación de la caja negra y los plazos de una investigación de este tipo. Sobre el particular, la OACI establece en su punto 6.5 del Anexo 13 que: “El Estado pondrá a disposición del público el informe final lo antes posible y, en lo posible, en un plazo de 12 meses. En su defecto, se realizará un informe provisional en dicho plazo”.

Desde la Junta de Seguridad en el Transporte, lamentamos y nos solidarizamos, una vez más, con los familiares de las víctimas, a quienes seguiremos acompañando a lo largo de todo el proceso conforme a la ley. La JST seguirá informándoles acerca del avance de la investigación, las conclusiones finales y las recomendaciones emitidas.