El viernes 19 de noviembre se desarrolló un encuentro virtual de intercambio y aportes sobre el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. En el debate, organizado por la Oficina Anticorrupción (OA), participaron integrantes de la Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (EMIC).

En la presentación, Natalia Torres, directora nacional de Ética Pública, destacó que el proyecto tiene “a la integridad como centro de la iniciativa” y que apunta a “una mirada que incluya a la gramática del poder y que preste atención a fenómenos de dominación histórica”. Agregó que otro de los puntos en el que se apoya el proyecto “es la idea de la transversalidad, de la capilaridad; la transparencia es una perspectiva que debe integrarse a la gestión pública en todo el ciclo”. Sostuvo además que es necesario “no mirar a la corrupción como un fenómeno sólo del sector público: es con el sector privado y la sociedad en su conjunto”.

Luego hizo un repaso por los puntos centrales que se desarrollan en el proyecto de ley. “El Poder Ejecutivo tiene más mecanismos que otros poderes”, dijo en referencia al registro de obsequios y al registro de audiencias, que no están presentes ni en el Poder Legislativo ni en el Judicial. “No se pueden implementar políticas sin un organismo de aplicación. Que cada poder decida cómo es ese diseño”, agregó.

A continuación, Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia se refirió a las modificaciones al sistema de declaraciones juradas (DDJJ) previstas en el proyecto: “retomamos los niveles de publicidad de antes de la reforma de 2013 y dotamos a las oficinas de integridad la posibilidad de recopilar y revisar las DDJJ. No es un tema menor, porque no sucede en todos los poderes”. Villanueva explicó que “la aplicación de la ley actual es muy desigual en los poderes. El Poder Ejecutivo tiene un alto grado de desarrollo en el control. El Poder Legislativo tiene bastante menos, y el Judicial tiene un nulo cumplimiento de la ley.”

Remarcó que la normativa se centra en dos grandes focos: los conflictos de intereses y el incremento patrimonial. En este sentido, señaló como novedad la prohibición de tener activos en paraísos fiscales. “Quien asume un cargo público asume que cualquiera puede evaluar su evolución patrimonial”, dijo.

Sobre el control de las declaraciones juradas, Villanueva explicó que “la aplicación de la ley actual es muy desigual en los poderes. El Poder Ejecutivo tiene un alto grado de desarrollo en el control. El Poder Legislativo tiene bastante menos, y el Judicial tiene un nulo cumplimiento de la ley.”

Para evaluar casos de conflictos de intereses, Villanueva presentó el “registro digital pre y post empleo público, donde los funcionarios cargan sus antecedentes antes de ingresar y luego cuando se van”. Señaló que la información será accesible para la OA, pero además para la ciudadanía en general y los investigadores ya que estará en formato de datos abiertos.

A continuación el investigador Alejandro Avenburg, de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y CONICET se mostró de acuerdo con el trabajo presentado por la OA y destacó que “hay mucho foco, y que era necesario, en la articulación entre privado y público”. Agregó que el registro de gestión de intereses era “muy detallado y apropiado”. Finalmente, resaltó la necesidad de “incluir información sobre contratistas que hayan sido aportantes de campaña”.

Luego, Alejandro Gaggero, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y CONICET, señaló que “estos espacios son muy importantes para los investigadores que participan, porque vemos la otra parte del asunto y colaboramos con la elaboración de normas” y agregó que el proyecto “es una mejora en muchos aspectos”, como la prevención de los conflictos de intereses y la normativa contra el nepotismo. También se mostró partidario de la prohibición para funcionarios en materia de activos en paraísos fiscales y propuso incluir el abordaje de los fideicomisos. Puso, además, especial interés en expandir la información sobre contratistas y proveedores del Estado.

El último orador fue Pablo Soffietti, investigador de la Universidad Católica de Córdoba y CONICET. “Ojalá podamos contar con una ley con este alcance”, dijo al inicio de su exposición. “Tener un registro de gestión de intereses y audiencias del poder judicial sería muy interesante. Saber quiénes son los que visitan la Corte Suprema de Justicia. Sería un avance institucional de altísima calidad. Me genera muy buenas expectativas”, agregó. Propuso que la transparencia activa incluya información de las empresas proveedoras del Estado y que la OA funcione como un observatorio de compras y contrataciones públicas.

El encuentro estuvo moderado por Paula Canelo, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires.