El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, concluyó su visita oficial a Italia, donde viajó con el objetivo de dar impulso a los procesos que se realizan por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. Durante su visita, mantuvo reuniones con funcionarios del Estado italiano, abogados y fiscales que intervienen en estos juicios y con referentes y miembros de organizaciones de derechos humanos italianas.

Actualmente, en ese país hay tres casos en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en los que el Estado argentino trabaja para que se obtenga justicia y reparación para las víctimas y sus familias: el pedido de extradición del excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi, la causa contra el ex militar Carlos Luis Malatto y el juicio oral contra el exmilitar uruguayo Jorge Troccoli.

En el caso de Reberveri Boschi, investigado por delitos cometidos en Mendoza, la Secretaría es parte interesada en el proceso de extradición, que tendrá audiencia este 30 de junio ante la Corte Suprema de Justicia italiana, al haber sido rechazado en primera instancia. El Estado argentino prepara nuevas pruebas para aportar en los próximos días y reforzar el pedido de que sea juzgado en el país. Para impulsar este proceso, en 2021 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) se constituyó como querellante en la causa que tramita en San Juan y remitió a Italia numerosa documentación.

El juicio contra Troccoli comenzará el 14 de junio y el Estado argentino será querellante. El represor uruguayo ya fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos uruguayos y chilenos cometidos en el Plan Cóndor. Esta vez, se investigará su responsabilidad en el asesinato del argentino José Agustín Potenza y su pareja italiana Giuliana Filipazzi y de la uruguaya Elena Quinteros. Potenza y Filipazzi fueron secuestrados en junio de 1977 en Montevideo y sus cuerpos fueron descubiertos en 2013 en una fosa común en Asunción, Paraguay, e identificados tres años más tarde. Quinteros también fue secuestrada en Montevideo en 1976 y continúa desaparecida.

La causa contra el exmilitar Malatto, quien durante la dictadura tuvo el grado de teniente y actuó en el Regimiento de Infantería 22 de la provincia de San Juan, se encuentra en etapa de instrucción luego de que se rechazara la extradición solicitada por la justicia argentina. En esta investigación, la SDHN aportó pruebas y promovió, a través de Cancillería, la constitución como parte querellante del Estado Argentino en el futuro juicio oral, cuestión que se encuentra en trámite. En los últimos días, también se propuso ampliar la cantidad de víctimas por las que se lo acusa a partir de los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.

En un encuentro que el secretario mantuvo con los fiscales italianos Laura Condemi y Francesco Dall'Olio, quienes intervienen en la causa, se analizó también la posibilidad de presentarse como parte damnificada en la investigación.

Como parte de su agenda en Italia, Pietragalla Corti se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien dialogó sobre los archivos del período de la última dictadura que conservaría la Iglesia. En el encuentro, del que participó también la embajadora argentina en el Vaticano, María Fernanda Silva, abordaron la posibilidad de realizar un trabajo en conjunto con el Estado del Vaticano sobre estos documentos, que podrían aportar información sobre las víctimas del terrorismo de Estado y de los casi 300 nietos que siguen apropiados, y analizaron la posibilidad de ampliar los criterios de búsqueda y de participación en esas investigaciones.

También participó, junto al embajador argentino Roberto Carles y el presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, de un homenaje a las víctimas de la Masacre de las Fosas Ardeatinas en el memorial donde descansan los restos de las 335 personas asesinadas el 24 de marzo de 1944 por las tropas de ocupación de la Alemania Nazi al mando del ex capitán de las SS, Erich Priebke, luego detenido en Argentina y extraditado a Italia donde fue condenado a cadena perpetua.
Antes de volver al país, el secretario mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco.

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