El ministro de Justicia, Martín Soria, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, y el defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Francisco Benítez, mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de monitorear el desarrollo de las distintas políticas públicas que se están llevando adelante mediante la coordinación de dichos organismos.

Durante el encuentro dialogaron respecto de los avances de la optimización de los procedimientos de comunicaciones e intercambio de información entre el Ministerio y las Defensorías, mejoras que permitirán garantizar mayor seguridad a la información y agilizar la respuesta del estado a las víctimas de delitos.

Esta iniciativa se impulsó a través del acta firmada en diciembre del 2022 entre el Ministro y la Defensora General, que permite, entre otras cosas, el acceso más ágil a los informes de antecedentes penales que produce el Registro Nacional de Reincidencia a todas las defensorías del país.

Al finalizar la reunión, Soria afirmó que "dentro de la agenda de trabajo del Ministerio, la articulación con la Defensoría General de la Nación y con las defensorías de cada una de las provincias ocupa un rol preponderante. A través de la comunicación fluida, y la implementación de políticas públicas de forma conjunta y coordinada logramos garantizar los derechos y las garantías de las personas víctimas del delito, como también derechos tan importantes como la identidad. El año pasado, entre otras cosas, logramos acuerdos que permiten asegurar el sistema de protección y el acceso a la justicia gratuito para las víctimas de delitos que no cuentan con los recursos para hacer valer sus derechos en los tribunales y la agilización y optimización de la transmisión de los informes de antecedentes penales. Este año nos encontrará nuevamente trabajando para fortalecer y garantizar los derechos de todos y todas las argentinas”

Por otra parte, coincidieron en la necesidad de implementar acciones tendientes a promover, propiciar y fortalecer la cooperación, asistencia técnica y el trabajo en conjunto en materia de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Sobre ello, destacaron el convenio firmado entre ambas instituciones en junio de 2022, acuerdo que permitió - en ocasión de celebrarse los 5 años de la sanción de la Ley Nacional de Víctimas- garantizar que las víctimas reciban de forma gratuita el patrocinio jurídico para ejercer sus derechos y también para querellar, en caso de no poder solventarlo.

Asimismo, el Ministro informó a la Defensora General acerca de los últimos avances del trámite por el cual la cartera otorgará a la Defensoría General de la Nación el uso de un edificio de 572 m2, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para que el organismo pueda utilizarlo para atender al público y garantizar el acceso a la justicia de las personas.

El encuentro sirvió también para que los funcionarios analicen la articulación institucional entre del Ministerio y el Consejo Federal de la Defensa Pública, organismo coordinado por Stella Maris Martinez. Al respecto, abordaron el trabajo que se realiza en los laboratorios forenses para la producción de exámenes de ADN, llevados adelante en los procedimientos penales y filiatorios que tramitan en la justicia provincial.

Sobre este punto, los funcionarios coincidieron en que las defensas públicas de las provincias tienen grandes dificultades a la hora de realizar dichos procedimientos en razón de que la mayoría de los laboratorios dependen de los Ministerios Públicos Fiscales. En atención a la problemática de las Defensorías, de no contar con laboratorios propios, se plantearon distintas posibilidades y se comprometieron a investigar las posibles soluciones o herramientas que el Ministerio y el Consejo puedan articular a fin de dotar a los organismos provinciales de elementos que potencien y aseguren el acceso a la justicia para sus defendidos.