El acuerdo rubricado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de San Juan, busca fortalecer la estructura institucional de la provincia mediante el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal.

“Hemos suscripto con el ministro Soria un convenio importante para San Juan, en apoyo de la reinserción de las personas que han cumplido condena y de esta manera trabajar en la convivencia y la integración para el bienestar de toda la provincia”, señaló el Secretario de Estado, Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga.

El convenio establece que el ministerio nacional destinará los recursos para financiar la incorporación de profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía y psicología a la formación académica de las personas que accedan al programa. Mientras que el desarrollo y ejecución de estas iniciativas estará a cargo de la Dirección General del Patronato de Liberados de la provincia. Asimismo, el convenio estipula que las partes implementarán mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.

Luego de la firma, los funcionarios analizaron la situación penitenciaria de la provincia y la colaboración existente entre ambos organismos en dicha materia. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con unidades penitenciarias propias en territorio sanjuanino, es por ello que los presos federales son alojados en el complejo provincial “General Antonio Giglio” a cambio de pagos mensuales por parte del Gobierno.

Durante la actual gestión de gobierno, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se inició un proceso de regularización de las deudas que el gobierno de Macri nunca abonó a las distintas provincias del país en concepto de alojamiento de presos federales en establecimientos penitenciarios provinciales. Es por ello que durante los últimos 2 años se pagó a San Juan $95.000.000 por los cánones mensuales por el uso de cárceles locales correspondientes al período 2016-2022, de los que el 73% del total corresponden a deuda acumulada durante el 2016, 2017 y 2018.

Participó del encuentro, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Rio.