El convenio firmado prevé la articulación entre la dirección nacional de Asistencia a las Víctimas del ministerio de Justicia y DDHH, y los ministerios provinciales de Gobierno y Justicia, y el de Desarrollo Social, con la finalidad de optimizar y ampliar las intervenciones conjuntas en la provincia de Entre Ríos para asistir a las víctimas de delitos.

En ese marco, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos asistirá y orientará jurídica, psicológica y socialmente a las víctimas y organizará actividades de formación, capacitación técnica y actualización normativa para las autoridades y organismos provinciales que asisten a las víctimas.
En tanto, la Provincia coordinará con la cartera nacional la debida asistencia y cogestionará los canales e instrumentos de gestión.

El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas del ministerio de Justicia y DDHH, es el órgano encargado de asistir a las víctimas de delitos de competencia de la justicia federal en todo el país y, en forma conjunta con cada una de las provincias, de las víctimas de delitos de competencia de las justicias locales. Desde enero de 2021 a Junio de este año, se atendieron de 3708 personas de todo el país que involucraron 2919 consultas, la mayor parte de atenciones brindadas se vincularon a delitos contra la integridad física, violencias por motivos de géneros y delitos contra la integridad sexual entre otros delitos.

El CENAVID, a través de la línea 149, atiende de forma gratuita, las 24 hs del día, los 365 días del año, a toda persona que haya sido víctima de un delito (y a familiares de las víctimas) y brinda asistencia para garantizar el acceso a servicios de salud, como asistencia médica o psicológica si la necesitan, y asesoramiento jurídico, para que las víctimas de delitos conozcan y puedan ejercer todos sus derechos.

El ministro Soria expuso que "la Ley es muy clara: las personas que son víctimas de un delito tienen derecho a acceder al servicio de justicia, a recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal, así como también en la etapa de ejecución de la pena".

En ese sentido, añadió que “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación trabajamos con todas las provincias del país para fortalecer la respuesta del Estado y acercar la justicia a la gente, para que a todas y todos los habitantes de nuestro país – sin importar en qué lugar de Argentina vivan - se les garantice su derecho a acceder a la justicia y a hacer valer todos sus derechos”.

El gobernador Bordet, en tanto, explicó que el "convenio marca una colaboración frente a la existencia de víctimas del delitos, los recursos de Nación y los de provincia, van a combinarse entre ambos Estados para poder llegar con más fuerza a colaborar con quienes son víctimas de distintos tipos de delitos".

Agregó que la asistencia "no se realiza estableciendo contraprestaciones o prestaciones dinerarias, sino colaboración de los equipos. El estado Nacional tiene equipos interdisciplinarios que son puestos a disposición de la provincia y nosotros muchas veces eso es lo que nos falta".

Por último, Soria y Bordet conversaron sobre el sistema carcelario, del futuro cierre de la cárcel de Gualeguaychú, y de la puesta en funcionamiento de cinco pabellones nuevos en la cárcel El Potrero. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cuenta con cárceles propias en la provincia de Entre Ríos y es por eso que el SPF paga a la provincia por el alojamiento de los presos federales en establecimientos penitenciarios provinciales.

Bordet destacó que “siempre hemos sido atendidos por el ministro de Justicia” y en relación a los pagos por alojamiento de los internos federales en cárceles provinciales, agregó que "tuvimos años que no recibimos nada, concretamente durante el gobierno nacional anterior, eso cambió, en todos estos años hemos tenido desembolsos, ahora estamos reclamando una parte que corresponde a 2021/22 que el ministro se comprometió a saldar".