El ministro Martín Soria y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, firmaron la primera adenda al Convenio de cooperación suscrito en noviembre del año pasado para continuar optimizando el procedimiento de comunicación entre el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona en la órbita del Registro Nacional de Antecedentes Penales, y la UIF.

El acuerdo suscrito permitirá automatizar el procedimiento de comunicaciones que el RePET efectúa a la UIF, relativas a personas humanas, jurídicas o entidades sobre las que hubiere recaído una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que impliquen su incorporación al RePET.

De esta manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el organismo de control buscan mejorar la respuesta del Estado en el combate y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través de la implementación de un sistema seguro y confiable que permita tramitar de forma rápida y digital las resoluciones y comunicaciones entre ambas instituciones.

Asimismo, los titulares de ambos organismos acordaron implementar – a través de las áreas técnicas correspondientes- desarrollos informáticos que permitan a la UIF solicitar ante el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los informes sobre antecedentes penales de personas físicas y jurídica, a través de un sistema de respuesta automática que permitirá la celeridad en el análisis y tratamiento de la información.

El RePET es un registro de acceso público que funciona en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El registro incluye a toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita la formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento. Asimismo, incluye a las personas o entidades presentes en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como también aquellas sobre las que la UIF haya ordenado el congelamiento administrativo de activos.

La UIF está encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se encuentra facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas.