Con la reforma judicial, el gobierno nacional impulsó la creación de juzgados federales penales en el interior del país para investigar delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico, lavado de activos y la corrupción, entre otros.

Es una de las iniciativas judiciales del presidente Alberto Fernández que busca mejorar el servicio de Justicia con la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en las provincias, al igual que nuevas Cámaras de Apelaciones, defensorías oficiales y fiscalías.

Los nuevos juzgados funcionarán bajo el sistema acusatorio y desdobla a los existentes juzgados multifueros al “separar” su secretaría penal para lograr la eficacia en la investigación de este tipo de delitos complejos.

Las secretarías que tengan competencia específica en derechos humanos o en leyes especiales conservarán su competencia exclusiva en las causas por delitos de lesa humanidad.

También se busca descentralizar la Justicia para estar más cerca de las necesidades de la sociedad y para garantizar la transparencia. Por ejemplo, con la grabación de los sorteos y de las audiencias.