La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un escrito ante el juez Jorge Pinto en el que solicitó ser admitida como querellante en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida en la comisaría n°25 de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, en San Luis.

Al día de hoy, no hay policías imputados y según la familia y los organismos de Derechos Humanos, la causa muestra falencias en la recolección de pruebas.
Según la información de la Policía de San Luis, Morales había sido detenida por “violar la cuarentena y resistirse a la autoridad” cuando se dirigía a comprar comida (cabe recordar que el hecho tuvo lugar pocos días después del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional). Tras ser detenida, a Policía informó que se trató de un suicidio.

Desde el mismo momento del hecho, la Secretaría de Derechos Humanos viene acompañando a la familia y siguiendo la causa judicial. En estos últimos días, la familia de Morales ha solicitado que sean citados a indagatoria todos los policías que estaban ese día en la Comisaría, mientras que la defensa pública ha pedido el archivo de las actuaciones por una supuesta “falta de pruebas”.

En ese contexto, y por tratarse de un caso de posible violencia institucional que podría derivar en una causa internacional contra el Estado argentino, es que la Secretaría requiere ser parte en el expediente con el fin de promover el debido proceso y la búsqueda de verdad y justicia.