La atención espiritual a los militares tiene precedentes muy antiguos. Podemos encontrarlos en la misma Sagrada Escritura: desde Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel perseguido por el ejército egipcio en su marcha hacia la Tierra Prometida y, más tarde, oró al Señor de los Ejércitos para que les diera a los israelitas la victoria en la batalla contra Amalec; hasta San Juan Bautista, que aconsejó a unos soldados; San Pedro que bautizó al centurión Cornelio; San Pablo que evangelizó a su carcelero.

El epígono lo constituye el mismo Señor Jesús, que atendiendo la súplica de un oficial subalterno del ejército romano por un sirviente suyo que estaba enfermo, no sólo le concedió lo que pedía, sino que quedó admirado por la fe de este soldado: “Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe”.

Ya en el medioevo encontramos la descollante figura de San Juan de Capistrano (1386-1456). Este franciscano acompañó a los ejércitos cristianos que al mando de Juan de Hunyady derrotaron completamente a los turcos en Belgrado. Canonizado en 1690 por Alejandro VIII, en 1984 el Beato Juan Pablo II lo declaró “Patrono ante Dios de los Capellanes Militares de todas las Fuerzas Armadas de las regiones tanto occidentales como orientales del mundo”. En nuestra Patria, la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas se remonta a los tiempos españoles.

A pedido de Su Majestad Católica, la Santa Sede fue organizando sistemáticamente la atención espiritual de los hombres de armas, que sirvió para completar las carencias prácticas de las Diócesis, habida cuenta de que se trataba de un territorio en formación, fronteras no muy definidas, escasa población. Atendiendo, además, la movilidad profesional de los ejércitos, frecuentemente alejados de sus parroquias y diócesis de origen, así como las peculiares características que conlleva la vida del soldado. Es por ello que, a instancias del rey Felipe V, el Papa Clemente XII expidió el Breve Quoniam exercitibus el 4 de febrero de 1736, por el cual se instituye la figura del Capellán Mayor.

En 1762, a pedido de Carlos III, el Romano Pontífice Clemente XIII unió el cargo de Capellán Mayor del Ejército y la Armada a la dignidad del Patriarca de las Indias Occidentales, que desde entonces llevó inherente el título de Vicario General de los Ejércitos Españoles, residiendo, desde luego, en la Península. Otro Breve de Clemente XIII, el Apostolices benignitates, declaró “súbditos de la jurisdicción castrense a cuantos militasen bajo las banderas del rey por mar y tierra”. A este Breve hay que agregar el de Pío VII llamado Compertum est Nobis, dirigido a Carlos IV el 12 de junio de 1807.

Estos documentos pontificios establecían que los capellanes castrenses eran nombrados por la corona y tenían jurisdicción sobre todos los militares en actividad, añadiendo a las facultades ordinarias de los párrocos algunas otras específicas. Ejercían la cura de almas con las funciones y obligaciones de los párrocos. Por ello el título que se expedía a los presbíteros era el de capellán y párroco castrense. Nótese la similitud con las facultades otorgadas a los actuales capellanes castrenses por la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae promulgada por el Beato Juan Pablo II el 21 de junio de 1986, así como la permanente solicitud de la Santa Madre Iglesia por la atención espiritual del soldado. Los Vicarios General de los Ejércitos Españoles delegaban sus funciones en Tenientes Vicarios, que gozaban de la jurisdicción que aquellos les daban.

Antecedentes del día del Servicio Religioso en el Ejército Argentino

En el Río de la Plata ejercía el cargo de Teniente Vicario Castrense el Obispo de Buenos Aires. En 1807, Monseñor D. Benito de Lué y Riega, último Obispo bonaerense de la era hispánica, llevaba el título de Teniente Vicario General del Ejército.

El Primer Gobierno Patrio mantuvo la atención religiosa castrense que se hacía desde los tiempos españoles. Sabemos que el Ejército Argentino “nació con la Patria en mayo de 1810”, en virtud del decreto del 29 de mayo de 1810, emitido por la Junta cuatro días después de su conformación. Posteriormente, organizó sendas expediciones militares a las provincias interiores. La primera fue la llamada Expedición Auxiliadora al Perú, comandada por el Coronel Francisco Ortiz de Ocampo como jefe y por el Coronel Antonio González Balcarce como segundo jefe, con Juan Hipólito Vieytes como comisionado de la Junta. Esta empresa dio origen a los primeros nombramientos de capellanes castrenses de la Patria. La Junta los hizo de la misma forma que los hacía el rey de España y reconociendo en el Obispo Lué y Riega su jurisdicción de Teniente Vicario General del Ejército. Los dos primeros nombramientos de capellanes militares se efectuaron en dos decretos distintos que la Junta presidida por el Comandante de Patricios D. Cornelio Saavedra expidió el 14 de junio de 1810. Uno de ellos recayó en el Pbro. Joaquín Ruiz; y el otro en el Pbro. Manuel Albariño.

También el ejército que marchó en campaña al Paraguay a fines de 1810, comandado por el General Manuel Belgrano contó con capellanes castrenses: los Presbíteros Juan José García de Arboleya y Juan Valle. Por lo tanto, como puede evidenciarse, a tan sólo veinte días de asumir el poder, la Junta “revolucionaria” de Mayo mantuvo una notoria continuidad en la atención religiosa castrense que ya se ejercía en los tiempos españoles. En 1812 falleció el Obispo Lué y Riega y quedó acéfala la jurisdicción castrense. Y fue la Soberana Asamblea Constituyente del Año XIII, quien en su sesión del 28 de junio de 1813 autorizó al Poder Ejecutivo el nombramiento de un Vicario General Castrense. Así lo establece el artículo 3º de ése decreto: “En atención de haber cesado la autoridad del […] Vicario General Castrense residente en España […] el Supremo Poder Ejecutivo procederá al nombramiento de un Vicario General Castrense […] incitando a los reverendos obispos y provisores en sede vacante, para que deleguen en la persona de quien recayere las facultades consiguientes a la naturaleza de este ministerio, con la expresa facultad de poder subdelegar en los […] Tenientes Vicarios Castrenses que deben constituirse en los lugares en que lo exija la utilidad del Estado y el bien espiritual de los fieles.”

De esta manera la Asamblea del Año XIII convalidó lo ya existente, reconoció que hasta esa fecha dependía del Vicario General Castrense residente en España y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de nombrar un titular argentino. En efecto, el 29 de noviembre de ese Año XIII el Poder Ejecutivo cumpliendo con esta normativa nombró Vicario General Castrense de los Ejércitos de la Patria al Provisor y Gobernador del Obispado de Buenos Aires, Canónigo Dr. Diego Estanislao de Zavaleta, quien de inmediato comenzó a ejercer sus nuevas funciones. Por eso afirma el Cgo. García de Loydi: “Es, pues, el 28 de junio de 1813 la fecha de nacionalización de la Vicaría General Castrense existente en nuestro país durante la era hispánica, y el 29 de noviembre de ese mismo año, la fecha de su labor en bien y servicio del Ejército Argentino.”