Para asegurar una gestión pública eficiente de los recursos públicos, el Gobierno Nacional impulsó cuatro decretos que involucran a las universidades públicas y modifican la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado. Estas decisiones establecen plazos y condiciones para que las casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional.

El propósito de estas modificaciones es garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, asegurando que todas las instituciones financiadas con fondos públicos se rijan por normas y sistemas unificados. De esta manera, se fomenta la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas, habituales en los monopolios estatales.

Los primeros dos decretos establecen que las universidades deberán adoptar los sistemas electrónicos referidos a compras y contrataciones, COMPR.AR y CONTRAT.AR; también tendrán que utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de sus recursos. Este marco legal promueve la digitalización y automatización de los procesos, lo que aumenta la seguridad y reduce los tiempos en la ejecución de transacciones.

El tercer decreto elimina la posibilidad de que las reparticiones públicas contraten a las universidades de manera directa, salvo cuando se acredite que son el único proveedor disponible. Esta decisión es estratégica por su impacto en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y el fomento de la competencia. Finalmente, el cuarto decreto tiene un carácter operativo y establece las adecuaciones normativas necesarias para implementar los cambios introducidos por el tercer decreto.

Entre 2022 y 2023, se llevaron a cabo más de 2.000 acuerdos entre las jurisdicciones y las universidades nacionales y/o sus facultades. Estos acuerdos abarcan una variedad de finalidades, tales como servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría. La cantidad y diversidad de estos acuerdos evidencian una proliferación irrazonable en el uso de este procedimiento, lo cual contradice su carácter excepcional. Esta proliferación indiscriminada de contrataciones directas contradice los principios de transparencia y eficiencia propios de los procedimientos licitatorios, necesarios para garantizar que el Estado obtenga las ofertas más convenientes para satisfacer sus necesidades.

A partir de estos cambios, las universidades nacionales quedarán formalmente incluidas en las normativas y sistemas que regulan la administración financiera y las contrataciones públicas electrónicas del Estado. La implementación será progresiva, conforme a lo dispuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda. Estas reformas abarcan desde la compra de bienes y servicios hasta la contratación de obras públicas, con el objetivo de fomentar una mayor competitividad y participación en el ámbito nacional. Es importante destacar que, bajo ninguna circunstancia, el Gobierno nacional busca interferir en las decisiones de las universidades dentro del marco de su autonomía, nuestro objetivo es únicamente transparentar el gasto.