El pasado 11 de julio, a través del dictado del Decreto 606/2024, el presidente de la Nación dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la designación de Julia Cordero como interventora debido a una serie de deficiencias históricas que generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y podrían llevar a la posible degradación de nuestro país en materia de aviación civil a nivel internacional.

En ese contexto, desde la Secretaría de Transporte se advirtió la necesidad de fortalecer la autoridad aeronáutica con el fin de restituir los criterios de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos estratégicos en materia de transporte aéreo y la concreción de un reordenamiento integral del sistema aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas.

Para ello, resultó pertinente la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias, que permitan desarrollar ese proceso sin comprometer el cumplimiento de la misión institucional dispuesta por la norma de creación del organismo.

En este marco, desde la designación de Julia Cordero como interventora, se trabajó en la elaboración de un diagnóstico de situación del organismo con el objetivo de identificar los problemas operativos y administrativos que limitan el accionar de la ANAC y proceder a su reestructuración y adecuación a los lineamientos establecidos en el decreto de intervención.

En esta etapa transitoria pero necesaria, se ha revelado una estructura inadecuada y sobredimensionada del organismo, discrecionalidad en la aplicación de fondos e ineficiencias en la utilización de recursos. Además, se detectó una falta de control en procesos, burocratización en los procedimientos y una falta de gestión en materia de fiscalización y prestación de servicios, entre otras observaciones que resulta necesario encauzar.

Cabe destacar que, al momento de la intervención, la ANAC contaba con una deuda de $3.131.700.676 heredada de la gestión del Gobierno anterior. Deuda que se encuentra bajo un pormenorizado análisis por parte de la intervención.

Las deficiencias en la administración de recursos se expresan principalmente en el manejo de su patrimonio, siendo su flota un punto crítico: el organismo cuenta con 14 aeronaves, valuadas en su totalidad en aproximadamente un millón de dólares, que no se utilizan o están cedidas. La mayoría no vuela hace más de 5 años, llevando a su deterioro, mientras que las restantes necesitan reparaciones, que nunca se llevaron adelante. Por este motivo, se está iniciando un plan de subasta de las aeronaves en desuso: 3 ya fueron tasadas por una suma aproximada de 150 mil dólares y están listas para ser subastadas.

Por otro lado, en el alquiler del edificio donde funciona el organismo se paga por 84 cocheras cuando solo hay 18 autos de flota. En este contexto, se requerirá al propietario el reconocimiento de las mejoras realizadas por ANAC en el edificio, por un total de un millón de dólares, que no habían sido contempladas en el contrato firmado por la anterior administración, y se ha tomado la decisión de reducir drásticamente la asimetría que se observa en las cocheras.

A su vez, se advirtió una emisión indiscriminada de las tarjetas de combustible para la flota nacional, que asciende a más de 600 y no estaban respaldadas en ningún control sobre el kilometraje realizado. En ese aspecto ya se empezaron a cancelar las que no tienen ninguna asignación operativa específica por un total de $23.440.000 que tenían disponible por mes.

Sumado a esto, se detectó la ocupación irregular de más de la mitad de los inmuebles que tiene la ANAC en todo el país. De las 63 propiedades de la entidad, al menos 33 están ocupadas por personas que no son Jefes de Aeropuertos o por organismos con contratos que están vencidos hace mucho tiempo o son irregulares. Ante esta situación, se comenzó con las intimaciones. Asimismo, se está diagramando un plan de relevamiento de las viviendas ocupadas irregularmente, a fin de determinar el estado de cada una de ellas. Se comenzará por las más cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a todo el país.

Por otro lado, se observó que, desde su creación en el 2007, la ANAC ha llevado adelante un crecimiento estructural injustificado que se tradujo en una burocratización e ineficiencia de los procesos. Con 103 cargos directivos distribuidos en 5 direcciones nacionales, 29 direcciones simples y 69 departamentos, se comprueba que el organismo tiene una estructura macrocefálica sin sustento normativo que es necesario ordenar y modernizar para optimizar su funcionamiento como máxima autoridad aeronáutica. Se está trabajando en una modificación de la estructura orgánica, que permitirá una reducción del 40% de los cargos ejecutivos, la centralización de funciones que estaban desagregadas como la administración y gestión de las inspecciones.

El diagnóstico confirma, además, una falta de control y parálisis administrativa, con pérdidas de documentación de relevancia, sumarios frenados, falta de procedimientos internos y compras no reguladas, como la adquisición de 350 computadoras por un total de USD 1.225.612,50. Esta orden de compra se amplió en 122 computadoras más, las cuales significaron un gasto extra de USD 427.213,50. Ninguna de ellas ingresó al organismo. Por ello, se inició una denuncia penal, pero no un sumario interno, a fin de investigar la situación.

En línea con la falta de control y gestión, el diagnóstico llevado adelante por el equipo de Cordero confirmó, por otra parte, el estado precario de los servicios que el organismo presta en los aeropuertos. Se observó un gran deterioro de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de los aeropuertos de todo el país, producto de la falta de mantenimiento durante años de materiales clave como autobombas. Mismas características reviste el sistema de sanidad. En ese marco se iniciaron 19 procesos de compra de insumos (cubiertas, baterías, motor, equipos de reparación, etc.) y reparaciones, que permitirán poner en estado de funcionamiento al menos 10 autobombas.

En este punto, cabe destacar que de las 103 autobombas que posee la ANAC, solo funcionan 60, es decir, el 58% de su flota. Además, la mayoría tiene más de 10 años y no recibe mantenimiento mayor ni preventivo, lo que lleva a que periódicamente entren fuera de servicio. Sumado a esto, muchas funcionan con insumos viejos, rotos o vencidos, como cubiertas gastadas y espuma y polvo químico apelmazado. Cabe destacar que el pase de una autobomba a estar fuera de servicio afecta la seguridad operacional del aeropuerto y puede llevar a su cierre y no recibir vuelos.

En cuanto a las ambulancias, también se comprueba una falta de recursos, ya que solamente se cuenta con dos vehículos en condiciones, que prestan servicio en los aeropuertos de Ezeiza y Córdoba. Si bien hay otras dos ambulancias disponibles, tienen más de 20 años y presentan deterioro mecánico y deficiencias en la provisión de servicios médicos. A lo que se le agrega un faltante de insumos médicos, insumos vencidos o fuera de servicio.

La situación edilicia de algunos que los inmuebles que la ANAC ocupa en los aeropuertos también es crítica, con riesgo de derrumbe en ciertos casos y necesidad de reparaciones en pistas, sistema eléctrico, calefacción y señalización, entre otros problemas estructurales. En este sentido, se iniciaron contrataciones para hacer reparaciones de diversa índole en aeropuertos de Catamarca, Formosa, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A esta situación, se le suman los problemas de seguridad operacional señalados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, como la falta de un plan de capacitación integral para los inspectores de operaciones de vuelo y la falta de una base de datos consolidada de los mismos. Tampoco se cuenta con un procedimiento administrativamente ordenado para las tramitaciones de comisiones de servicio al exterior, lo que lleva a que no haya control de los viajes que realizan los inspectores fuera del país. Esto ha llevado a que, solo el año pasado, se registren más de 500 viajes que no se ajustaron a ningún procedimiento. Desde esta intervención, por primera vez la ANAC cuenta con un Manual de Instrucción de Capacitación unificado.

Además, cabe resaltar la demora que se observa en las tramitaciones de matrículas y en las habilitaciones de Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil y los trámites ante el Registro Nacional de Aeronaves. Ante esto, se ha comenzado a ordenar la situación: en lo que respecta al Registro Nacional de Aeronaves, es preciso señalar que la demora se debía a un análisis burocrático y legalista de los expedientes, por ello, se decidió emitir dos notas internas formales con parámetros y criterios de análisis. La primera nota establece que, si están presentes los elementos esenciales del análisis, se otorgará la matrícula provisoria, como mínimo, a fin de garantizar que el solicitante pueda volar. La segunda, hace especial énfasis en la unificación de criterios, pues considera que algunas cuestiones no obstaculizan el despacho del trámite (anteriormente, la falta de un comprobante de CUIT podía retrasar o rechazar el expediente). Es así que, la regla general ahora será otorgar, como mínimo, la matrícula o inscripción provisoria, no el rechazo del trámite. Además, con el objeto de mejorar la atención a los solicitantes, se incorporaron dos canales de atención, uno presencial (con horario de 8 a 13 horas como prueba piloto), y uno virtual, a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Asimismo, se iniciaron ciclos de charlas abiertas para el usuario a fin de acercar el Registro Nacional y mejorar la experiencia.

A partir de este diagnóstico, resulta necesario promover una reorganización funcional que permita el cumplimiento de las funciones propias de la ANAC, primando los principios rectores de transparencia, igualdad en el trato, eficacia y eficiencia. Es fundamental llevar adelante una simplificación de los procesos administrativos y la optimización de la seguridad operacional, en línea con la política de Cielos Abiertos promovida desde la Secretaría de Transporte y el Gobierno Nacional.