El convenio para la supervisión, control y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena, firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de La Pampa, busca fortalecer la estructura institucional del gobierno provincial mediante el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal.

Los programas de reinserción serán implementados por la Dirección General del Patronato de Liberados de la provincia. De esta manera, la asistencia financiera del gobierno nacional será destinada a la contratación de profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía, psicología y sociología para promover la formación académica de los destinatarios de este programa.

“Tenemos alrededor de 800 tutelados, es mucho trabajo de territorio y queremos hacer bien las cosas. Hemos implementado dispositivos para la recuperación del violento, esto es novedoso: se trabaja con psicólogos y trabajadores sociales y aquellos condenados que se han acogido a ser parte del programa. La recuperación existe; ver el resultado es alentador, vale la pena”, resaltó el ministro de Seguridad de La Pampa, Di Napoli.

La Pampa no cuenta con establecimientos penitenciarios propios, por lo que la totalidad de sus internos están alojados en unidades y complejos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En función de ello la provincia abona de forma mensual al SPF los cargos en concepto de alojamiento de sus internos en las Unidades federales 4, 13 y 30 de Santa Rosa y la Unidad 25 de General Pico. En total, en la provincia, el SPF alberga a 188 internos provinciales.

Participó del encuentro, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Rio.