El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana y junto a la Oficina Anticorrupción firmaron un convenio con el objetivo de buscar y acercar a entidades de la economía popular, mecanismos que fomenten prácticas de integridad y la conformación de un plan de transparencia para el sector.

La secretaría y la Oficina Anticorrupción, impulsan la promoción del Registro de Integridad y Transparencia Empresarial (RITE) a través del fortalecimiento de experiencias entre el sector estatal y la sociedad civil, intercambiando experiencias, ideas y fortaleciendo herramientas de integridad.

“Nos parece clave articular con la Oficina Anticorrupción e impulsar herramientas para que las cooperativas, asociaciones civiles y otras entidades de la sociedad civil, fortalezcan las estructuras necesarias para impulsar el crecimiento de la economía popular, un sector estratégico para apalancar la política de integración de los barrios populares, acompañando a gobiernos provinciales y municipales”, explicó la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la secretaria nacional, Fernanda García Monticelli.

Bajo esta línea de trabajo, se está llevando adelante un ciclo de capacitaciones sobre integridad y transparencia en la economía popular, destinado a entidades que trabajan en proyectos de integración socio urbana. Se trata de seis encuentros que apuntan a formar a 170 organizaciones de la sociedad civil. El objetivo específico es promover y generar una cultura de integridad y dar a conocer estrategias preventivas para evitar casos de corrupción. Las capacitaciones se realizan de manera mixta, presencial y virtual, con el objetivo de garantizar el carácter federal de la formación.

El desarrollo de estos encuentros forman parte de la política de difusión e inclusión de las cooperativas de trabajo en el RITE.

"Estas organizaciones, que tienen un rol social fundamental, demostraron su vocación en el desarrollo de su trabajo con integridad, el Estado debe acompañarlas en ese camino", detalló Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley 27.401 - de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas- que promueve el desarrollo de políticas de integridad en organizaciones del sector privado, de la sociedad civil, fundaciones, cooperativas, entre otras formaciones jurídicas. Constituye una de las líneas estratégicas dentro de la plataforma Ministerio Abierto, surgida del convenio de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina Anticorrupción.