El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantuvo una reunión con la ministra de Gobierno, Justicia y DDHH de la provincia de Tierra del Fuego, Adriana Chaperón. Del encuentro también participaron la secretaria de Justicia provincial, Daiana Freiberger y el secretario de Justicia nacional, Juan Martín Mena.

Chaperón se comprometió a arbitrar los medios y recursos a su alcance para la puesta en funcionamiento del centro de monitoreo que permitirá la implementación de los 14 dispositivos duales que Justicia ya envió a la provincia.

Las “pulseras duales” son dispositivos que permiten garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección dictadas en casos judiciales de alto riesgo de violencia de género. Se trata de dispositivos que deben usar víctima y agresor, y que generan una alarma automática cuando se detecta un acercamiento. Es un sistema mejor que el viejo botón antipánico, ya que no cargan la responsabilidad sobre la víctima. Estos dispositivos demostraron un 100% de efectividad: en ningún caso el agresor pudo acceder a la víctima.

En ese sentido, Soria dio cuenta del “impulso que el Gobierno de Alberto Fernández dio a este programa: desde diciembre de 2019 aumentó un 85% la cantidad de dispositivos entregados a las provincias, que pasó de 934 a 1734”.

En el marco de la construcción de una nueva cárcel provincial, el Ministerio de Justicia brindará asistencia técnica a través del Programa Federal de Arquitectura penitenciaria: compuesto por un equipo de especialistas, estará a disposición del proceso que se desarrollará en Ushuaia.

En relación a las tobilleras electrónicas, Chaperón expresó que “tenemos un convenio firmado con Justicia por 35 dispositivos de los cuales tenemos en uso solamente 9, pero encontramos muy buena disposición del ministro Soria para que podamos retomar el diálogo con el Poder Judicial y así acelerar la utilización de las tobilleras electrónicas, que para nosotros es muy importante”.

Asimismo, Soria y Chaperon analizaron la posibilidad de fortalecer el Centro de Acceso a la Justicia -CAJ- ubicado en la localidad de Tolhuin, como así también de otros centros cerrados durante el gobierno anterior.