A través de un Habeas Corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez Gonzalo Rua, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó que el Gobierno de la Ciudad "adopte las medidas necesarias para garantizar la minimización de posibles conflictos y facilitar así el desarrollo de la movilización durante toda la jornada en que se desarrolle la marcha".

En su resolución, el juez le comunicó al Gobierno de la Ciudad que respete "el principio de proporcionalidad, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los participantes de la manifestación, otorgando preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados por sobre cualquier otra cuestión y garantizando la identificación visible de todos los miembros del operativo policial". Asimismo, el magistrado solicitó "la actuación de un facilitador para procurar instancias de diálogo, y encomendar a la Policía de la Ciudad el cumplimiento estricto del protocolo de la ONU respecto del uso de arma de fuego por personal policial".

En su presentación, la Secretaría detalló el desenlace violento de las últimas manifestaciones públicas en la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó que el Gobierno de la Ciudad cumpla con la Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 5.688). Pese a rechazar la acción en sí misma, el magistrado consideró "que los acontecimientos recientes y presentes aconsejan hacer saber tanto la presentación de este recurso como algunas de las medidas solicitadas al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires".