La Ley 26.130 fue sancionada en el año 2006 y permite la realización de las prácticas anticonceptivas de ligadura de trompas y vasectomía, requiriéndose para ello el consentimiento de la persona. Sin embargo, la norma exceptúa de ese consentimiento a las personas declaradas incapaces, para las que requiere “la autorización judicial solicitada por el representante legal”, excepción que no se adecua al principio de capacidad jurídica establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En ese sentido, el informe considera que realizar una práctica de contracepción quirúrgica sin el consentimiento de la propia persona involucrada constituye una “esterilización forzada” y por lo tanto es violatorio de derechos humanos fundamentales, y recomienda que en el caso de personas con discapacidad se deberá garantizar el adecuado acceso a la información y los apoyos y ajustes que sean necesarios en el proceso de toma de decisión.

Al finalizar la reunión, la Comisión de Discapacidad aprobó el dictamen con las modificaciones tendientes a la adecuación de la Ley 26.130.

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